MURCIA. La necesidad de satisfacer la aritmética electoral o la tibieza a la hora de plantear políticas nacionales que vertebren el territorio y garanticen la igualdad de oportunidades para todos está provocando que los españoles estemos marginados en función del lugar de nacimiento o residencia.
Los recursos naturales de España, como el agua, se han convertido en elementos con los que negociar para los territorios en los que se ubican. Las lenguas cooficiales en lugar de enriquecer el acervo cultural se están convirtiendo en un impedimento para el acceso a la función pública autonómica. Las legislaciones autonómicas sectoriales prohíben en unas provincias lo que en otras está permitido.
Algunas Comunidades Autónomas utilizan el conocimiento de la lengua cooficial para primar a los residentes de su territorio frente al resto de españoles. Cada vez se extiende más el requisito del nivel de competencia lingüística para poder optar a plazas de funcionarios provocando graves deficiencias en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación.
"Los murcianos no optan en igualdad cuando quieren ser funcionarios de autonomías con lenguas cooficiales"
Más de la mitad de los españoles tienen muy complicado ser funcionarios en comunidades con lenguas cooficiales, mientras que quienes residen en ellas optan en igualdad en el resto de territorios. ¿Es discriminatorio que un valenciano, catalán, balear, gallego o vasco pueda presentarse a oposiciones en cualquier comunidad autónoma sin restricciones, mientras que un andaluz, madrileño, extremeño, castellano, asturiano, riojano o cántabro que no acredite conocimiento de las lenguas cooficiales no?
Los jóvenes murcianos, como los de más de la mitad de España, no pueden optar en condiciones de igualdad cuando pretenden ser funcionarios de determinadas autonomías con lenguas cooficiales. Mientras, ven con perplejidad cómo quienes residen en esas mismas comunidades sí optan en igualdad cuando se trata del acceso al funcionariado de la región.
El artículo 14 de la Constitución Española proclama la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sin embargo, se observa cómo, cada vez, más existen obstáculos para su cumplimiento.
"La aritmética electoral prima más que la defensa de un proyecto nacional que una y fortalezca a la sociedad"
La variada y dispar legislación autonómica impide la existencia de un marco común que facilite las inversiones y la actividad económica al estar sometidas iguales actividades a las diferentes normativas regionales, con lo que se debilita la capacidad atractiva del mercado español. Unificar normas y coordinar políticas no está reñido con la gestión descentralizada de los recursos públicos.
Los principales elementos que deberían contribuir a vertebrar España se ven continuamente amenazados por la muy frecuente indecisión a la hora de asumir las responsabilidades de gobierno. La aritmética electoral prima más que la defensa de un proyecto nacional que una y fortalezca a la sociedad.
En Murcia conocemos muy bien lo que es ser discriminados por no tener lengua cooficial, depender del agua trasvasada de otras cuencas o contar con una deficiente comunicación ferroviaria con el arco mediterráneo y Madrid.
Es necesario recuperar un proyecto nacional que vertebre los territorios, gestione los recursos nacionales para corregir los desequilibrios y termine con la discriminación en razón de la lengua, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los españoles vivan donde vivan. Todos unidos ganamos el futuro.
Miguel Ángel Cámara Botía