MURCIA. La Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo ha renovado su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lo que supone el respaldo de la organización internacional a las políticas de Responsabilidad Social de la cooperativa y demuestra la determinación de Hefame de seguir avanzando en esta materia, al tiempo que reafirma su condición de empresa respetuosa con los derechos humanos, el medio ambiente, las normas laborales y contraria a cualquier forma de corrupción.
La directora de Recursos Humanos y RSC de la cooperativa, Pilar Balcells, explica que desde que suscribieron el Pacto en 2011, Hefame ha implementado numerosas acciones en línea con sus diez principios básicos, “lo que ha revertido en la sostenibilidad de nuestra actividad y en la calidad de vida de nuestros trabajadores, socios y entorno social”.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la mayor iniciativa de responsabilidad social empresarial del mundo, con más 12.500 entidades adheridas en más de 160 países, y su objetivo es incorporar a las actividades empresariales de todo el mundo diez principios que han sido universalmente aceptados para promover su desarrollo sostenible y que están relacionados con las áreas económica, social y medioambiental, y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos).
El compromiso con el empleo de calidad y estable, la igualdad de oportunidades y las medidas de conciliación ha llevado a Hefame, tal y como apunta su directora de RSC, a recoger en su Convenio Colectivo numerosas mejoras respecto de las establecidas por Ley, como la ampliación de permisos, la regulación del permiso de lactancia, reducción de jornada por motivos familiares, excedencia por cuidado de hijos y familiares o la excedencia solidaria o por voluntariado.
La directora explica que, en línea con los principios del Pacto, Hefame ha establecido medidas para apoyar a las familias de los trabajadores que tengan hijos con discapacidad, ayudándoles a sufragar los gastos que se derivan de esta situación, una medida que se ha ampliado en 2019 a quienes tienen hijos con discapacidad del 33% al 65% y eliminando el límite de edad de los hijos.