MURCIA. El director Jurídico de Hefame, Julián Pérez-Templado, ha participado en el III Congreso de Derecho Farmacéutico, organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), donde diferentes expertos que desarrollan su actividad en el sector farmacéutico realizaron un análisis del sector, exponiendo su visión y las demandas que, en su opinión, deberían ser introducidas en las futuras normas que regulan las actividades farmacéuticas y de la distribución.
Durante su intervención en la mesa ‘Desafíos actuales de la cadena de distribución farmacéutica’, el ejecutivo analizó cuestiones relacionadas con las normas que regulan la profesión farmacéutica y expuso que, en su opinión, “sería necesario flexibilizar tales normas con el fin de permitir que las farmacias ofrecieran más servicios asistenciales, tal como ellas demandan".
En este sentido, añadió que “teniendo en cuenta que la farmacia es el primer centro sanitario al que se dirigen la mayoría de los pacientes y que los profesionales sanitarios están altamente cualificados, las farmacias podrían ocuparse de atender síntomas menores, prevención, cribados de enfermedades, etc, y aliviar la presión que actualmente soportan los servicios públicos de salud”.
Pérez-Templado destacó también, en su intervención, los cambios que está viviendo el sector en España y en Europa, y subrayó el progresivo avance de un proceso de concentración "que está dibujando un escenario en el que hay cada vez más cooperativas de gran tamaño que concentran mayores cuotas de mercado”. Esta situación, según explicó, está dando lugar a movimientos y fusiones entre cooperativas que están generando una intensa actividad también en el ámbito jurídico dentro del sector.
El directivo se refirió a la Guía de Buenas Prácticas de la Distribución, y puso sobre la mesa el enorme esfuerzo humano y económico que está suponiendo para los mayoristas la adaptación a los preceptos de este documento, lo que, tal como apuntó, “puede afectar a la rentabilidad de la actividad y llegar a comprometer el futuro de los operadores más débiles”.
El máximo responsable del área Jurídica de Hefame se refirió, por último, a la posibilidad de que la gestión de los precios notificados "debería asegurar la protección de la información del paciente y mantener las garantías de acceso a los medicamentos para el conjunto de la población.
