Guerra abierta en la Región contra los apartamentos turísticos ilegales

CARTAGENA. Este mismo lunes se hacían públicos unos esperanzadores datos en los que se indica que las pernoctaciones en apartamentos turísticos en la Región se doblaron en 2021, al pasar de 372.146 en 2020 a 685.201 el pasado año. La recuperación del sector parece un hecho, a pesar de que los dos últimos meses -diciembre y enero-, han supuesto un auténtico varapalo a las reservas por el incremento notable de la sexta ola de la covid-19.

Pero mientras que el pulso vuelve a latir entre los empresarios, la guerra contra los apartamentos turísticos sigue abierta y el problema, más latente que nunca. Hace tres años se cifraba entre 60.000 y 70.000 los pisos alegales e ilegales existentes en la Región, lo que supone un estímulo inequívoco para la economía sumergida.

La asociación Aloja, que integra a propietarios de cerca de 400 alojamientos en la Región de Murcia con capacidad para cerca de 2.200 plazas, no ha dejado de insistir en esta lacra que se extiende de forma lenta pero cada vez más, y que provoca fuertes pérdidas al sector, una merma notable en la calidad del servicio y de la atención al cliente, a la vez que un auténtico descontrol de quién visita estos negocios ilegales. 

Para contribuir a atajar el problema, han decidido llevar a cabo un listado de apartamentos turísticos ilegales en las zonas de mayor presencia: Cartagena, Murcia, Mazarrón, Águilas y Mar Menor y, bajo un acta notarial, poner en manos de Turismo esta relación de negocios ilegales o alegales para que los inspectores empiecen a sancionar.

"Es muy fácil detectar cuando un apartamento turístico es ilegal. Hay infinidad de portales que los promocionan, Milanuncios, Idealista, Trivago, Booking, Airbnb, a pesar de que  estos no tienen ninguna responsabilidad", afirma Gregorio Morales, presidente de la asociación. Afirma que solo en Cartagena el 80% de pisos turísticos son ilegales. "Mientras los profesionales que nos dedicamos a alquilar apartamentos mejoramos nuestros servicios, ofrecemos más y mejor calidad y damos trabajo, los ilegales engañan a sus potenciales clientes, porque no dan las condiciones mínimas, no cumplen con la legalidad y dejan de pagar impuestos", apostilla Morales.

Cofundador en 2013 de Cartagena [Spain], empresa que posee más de 50 apartamentos en el centro de la ciudad, distribuidos en siete edificios diferentes, Morales afirma que con la llegada de la pandemia el negocio ilegal no tuvo otra que ponerse en hibernación "pero ahora estamos sufriendo otro repunte importante, en el momento en el que la actividad económica ha empezado a resurgir", algo que no están dispuestos a consentir. "Mientras que los empresarios apostamos nuestro dinero por aportar calidad, mejoramos nuestros servicios, ellos aprovechan el tirón que está teniendo este tipo de turismo para regresar de forma impune". 

No obstante, confía que tanto desde la consejería de Turismo como las asociaciones implicadas puedan hacer una labor de control y denuncia que ahuyente a los actuales y a aquellos que están pensando en emprender de forma ilegal. "Vamos a por ellos. Debemos seguir creciendo, pero siempre buscando la calidad, la seguridad y cumpliendo la normativa".

La presión en los cascos urbanos

La proliferación de pisos turísticos en los cascos urbanos ha sido motivo de crítica por la posible presión que ejercen sobre un mercado del alquiler con precios disparados y la gentrificación de zonas céntricas de las grandes ciudades. Desde la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) detallaban hace unas semanas que el sector cuenta con más de 246.000 pisos en España, lo que apenas representa el 1,2% del parque total de viviendas, a la vez que explicaban que algunos proyectos inmobiliarios han supuesto oportunidades de regeneración urbanística en barrios degradados. 

En una entrevista recogida por el Heraldo de Aragón, el presidente de la entidad, Tolo Gomila, recordaba que el 93% de los propietarios de pisos turísticos son personas individuales, fruto de la "cultura del ahorro en España". Gomila comentaba que "más allá de la rentabilidad, que ha bajado" con las diferentes regulaciones, el sector es atractivo porque permite arrendar una vivienda "con más seguridad que el alquiler residencial".