MURCIA (F. V. / EFE). La Región de Murcia peleará en el Congreso por el derecho de la custodia compartida. Así lo ha acordado la Asamblea Regional, que un pleno celebrado este miércoles ha dado luz verde a la presentación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa para establecer la custodia compartida como régimen de guarda y custodia de menores de aplicación preferente.
El Parlamento murciano también ha elegido a los tres diputados que representarán a la Región la defensa de la propuesta. Los parlamentarios designados son Miriam Guardiola (PP), Francisco Álvarez (grupo Ciudadanos) y Juan José Liarte (grupo Vox).
El debate ha generado controversia en la Cámara, pues no todos los grupos estaban a favor de la iniciativa. Tanto el PSOE como Podemos y Ciudadanos (estos dos últimos forman parte del Grupo Mixto) esgrimen que la norma contiene resquicio legales que posibilitarían que un presunto maltratador acceda a la custodia compartida de sus hijos, lo que sería "un disparate", como calificó el parlamentario morado Rafael Esteban.
En concreto, la oposición cuestionó que el texto introduzca "una modificación en la que se considera que el juez no podrá denegarla en el caso de que un padre denunciado por violencia de género lo sea "sin elementos objetivos de prueba".
La diputada socialista Toñi Abenza recriminaba que "el dictamen de la iniciativa de Vox pretende imponer la custodia compartida preferente incluso en casos de violencia machista con la ayuda del moderado PP de Feijóo". "Tiene sombras vergonzosas", declaró, manifestando su postura en contra. "Nosotros estamos en defensa de las personas vulnerables, que son los niños y las niñas".
Esteban, por su parte, ironizó con que hay que estar afortunados de que las competencias de familia y la convivencia en casos de crisis no recaiga en esta cámara. "Esperamos que en el Congreso sea obviada con contundencia", afirmó, que apuntaba: "Hoy tenemos la oportunidad de ver plasmado su feminismo en el momento de levantar la mano y votar este disparate".
Tras Esteban compareció Juan José Molina, de Ciudadanos (el Grupo Mixto se repartió su turno), y que avisó de que hay que ser muy cauto porque "con este texto están poniendo por encima del bienestar del menor el derecho a la custodia".
Estos argumentos recibieron la réplica de los grupos que sujeta al Gobierno regional, partidarios de la custodia compartida. "Después de la crisis de pareja, los niños tienen derecho a mantener el equilibrio emocional y afectivo que solo una relación cotidiana y normalizada con ambos progenitores puede proporcionarles", esgrimió Juan José Liarte (del grupo Vox), quien negó las acusaciones de la oposición. "De ninguna manera se concede ese derecho a un padre maltratador, sino que ante una denuncia se concede al juez potestad para decidir". A su juicio, "el hecho de presentar una denuncia por violencia de género no convierte en culpable a un padre".
No obstante, apuntó que la propuesta de Liarte tenía "algunas lagunas y deficiencias que deberán subsanarse sin duda alguna". Le avisó de que su grupo realizaría "numerosas reservas para proteger siempre el interés superior del menor" y añadiendo que no compartía el cambio en el apartado 7 del artículo 92 del Código Civil. Ese párrafo recoge que "no procederá la guarda conjunta cuando el juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género".
Francisco Álvarez, portavoz del grupo Ciudadanos (los expulsados de su partido), abogó por que "pasados 15 años ya desde que esta fórmula se introdujera en el Derecho, es hora de consolidarla como la principal opción, sobre todo en bien de los menores afectados por estos dolorosos procesos". Y planteó las sentencias del Tribunal Supremo que establecen que, "de no existir problemas para el bienestar del menor- prevalecerá la custodia compartida". Y añadió que País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña o la Comunidad Valenciana ya han aprobado modificaciones en este sentido.