Foto: EDUARDO PARRA/EPMADRID (EFE). El Gobierno y los agentes sociales afrontan una semana decisiva en las negociaciones que mantienen con el objetivo de cerrar una reforma laboral, con acercamientos en asuntos como los ERTE postpandemia, aunque aún distanciados en el punto clave de la normativa: la contratación.
La mesa de diálogo social continuará la semana que viene, en dos reuniones, abordando las contratas y subcontratas y la prevalencia de los convenios colectivos, que ya vieron en el encuentro del pasado viernes, temas a los que sumarán la ultraactividad.
Pero es la contratación el asunto "más complejo" de los que se abordan en la mesa de reforma laboral, aseguraba esta semana el líder del sindicato UGT, Pepe Álvarez, quien apuntaba a un mayor consenso en negociación colectiva o el desarrollo de un nuevo modelo de ERTE.
Desde el 17 de marzo, el Ministerio de Trabajo ha venido manteniendo reuniones semanalmente con patronal y sindicatos, que se han intensificado en las últimas semanas, con el objetivo de tener aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que termine el año una reforma laboral, si es posible, con consenso.
Las posturas han estado muy alejadas casi desde el principio y llevaron la negociación casi a la ruptura cuando la patronal se levantó de la mesa hace un mes, momento que coincidió con la incorporación al diálogo social de la Vicepresidencia Económica y del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
Esta pasada semana el Gobierno y los agentes sociales mantuvieron tres reuniones, en la primera de las cuales la patronal presentó una propuesta, según informaron fuentes de UGT, en la que los empresarios planteaban un contrato temporal con más causas.
En concreto, se hablaba de seis causas por motivos de producción, además de la prevista para contratas, subcontratas y licitaciones de la administración, y de cuatro causas para los contratos temporales de sustitución (reserva de puesto de trabajo, vacaciones, reducción de jornada y cobertura de vacante).
En cuanto a los contratos fijos discontinuos, la CEOE planteó canalizar gran parte de esta contratación a través de las empresas de trabajo temporal (ETT).
También según UGT, la CEOE abogaba en sus propuestas por facilitar los despidos colectivos, mientras se oponía a la nulidad de los despidos de los contratos fraudulentos, además de querer introducir en la negociación otros elementos "que nunca habían estado sobre la mesa" como movilidad geográfica o subrogación empresarial.
Desde los sindicatos, dicha propuesta "está aún alejada" de sus planteamientos al tiempo que introduce elementos nuevos, por lo que "no servirá ni para reducir la precariedad ni la temporalidad".
En concreto, el secretario general de UGT aseguró que no firmará "un acuerdo inútil" para atajar la temporalidad, mientras que su homólogo de CCOO, Unai Sordo, instaba al Gobierno a que no se dejara llevar por los "cantos de sirena" de la patronal porque el acuerdo "no pueden devaluar los contenidos" de la normativa actual.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendía un "acuerdo de mínimos" porque a veces "llegan mucho más lejos que acuerdos de máximos que son mucho más difíciles de alcanzar".
Desde el Gobierno, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, consideró la propuesta de la CEOE como "verdaderamente constructiva", con planteamientos que "habrá que ir ajustando" pero que suponen "un buen paso en el proceso final de acuerdo".
También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró el viernes que el Gobierno y los agentes sociales están "culminando las tareas y trabajando para alcanzar un acuerdo entre todas las partes" que permitan "cumplir con el plazo que nos hemos impuesto"
