MADRID. (EFE) Ministerio de Política Territorial y ocho comunidades, entre ellas la valenciana, han alcanzado una solución pactada sobre la constitucionalidad de once normas que evitarán la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional.
Según el Ministerio, esas normativas se han pactado en las Comisiones bilaterales respectivas con Cataluña, Navarra, Canarias, País Vasco, la Comunitat Valenciana, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Las negociaciones, recogidas en una ley del Tribunal Constitucional, permiten que el Estado y las autonomías resuelvan sus discrepancias respecto al ámbito competencial constitucionalmente reconocido a cada una de las leyes y decretos-leyes autonómicos.
Por primera vez, precisa el Departamento, el Estado asume el compromiso de modificar una ley estatal en un "esfuerzo de colaboración por mejorar la articulación competencial", y en este caso, además, la protección del litoral.
Las normas que han sido revisadas son la de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales; la foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias y un decreto foral de personal al servicio de la Administración de Navarra y sus organismos autónomos.
También hubo acuerdo sobre la ley canaria de medidas urgentes, que regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con renta anual inferior a 18.000 euros.
Así como en la de las Cooperativas de Euskadi y en la de la Generalitat de Cataluña de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.
En este caso es parcial, ya que no hubo armonía sobre el artículo que regula el mínimo exento del IRPF, en sentido contrario a la ley del IRPF.
Sí hubo pacto para la norma catalana de la vitivinicultura y en la modificación de renta valenciana de inclusión.
Las partes consensuaron sobre el decreto por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica y en el de la ley de medidas urgentes para la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha.
Con Andalucía se pactó sobre el decreto de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares.
En este caso, además de solventarse la cuestión controvertida, el Estado ha asumido el compromiso de promover una modificación de la legislación básica a fin de recoger en la misma una regulación específica del plazo de prescripción de las acciones para el cumplimiento de la legalidad urbanística en la zona de influencia de costas.
