MADRID. (EP) El Gobierno ha decidido dar "algo tiempo" a las comunidades para ver cuántas deciden sumarse a la iniciativa anunciada ya por el País Vasco, Asturias, Melilla y Extremadura de solicitar al Ejecutivo que declare el estado de alarma para endurecer las restricciones de movilidad y poder hacer frente al incremento de contagios de COVID-19, según informan a Europa Press fuentes de Moncloa.
Es el Consejo de Ministros el que, según la Constitución, debe aprobar la declaración del estado de alarma. El Gobierno no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar este instrumento, salvo que tenga que pedir una prórroga para aplicarlo más allá de los 15 días iniciales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Roma para asistir este sábado a su audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano. No obstante, ya hace dos semanas delegó en su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la declaración del estado de alarma "territorializado" para restringir la movilidad en la Comunidad de Madrid, que se aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario.
El jefe del Ejecutivo ha afirmado este vieres, en una declaración institucional que ha ofrecido desde Moncloa, que está "listo" para adoptar las medidas que sean necesarias y ha vuelto a instar a las comunidades autónomas que se encuentran en riesgo "extremo" a solicitar la declaración del estado de alarma cuando lo consideren necesario para seguir luchando contra la pandemia.
El Gobierno y las comunidades aprobaron este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) un plan de respuesta coordinada que incluye cuatro niveles de riesgo, con sus correspondientes medidas. En el nivel de alerta máxima se contempla expresamente la posibilidad de recurrir al estado de alarma para dar cobertura a medidas "excepcionales", tal y como ha recordado Sánchez en su comparecencia.
Además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado este viernes que estaban buscando "apoyos claros" para garantizar la viabilidad del estado de alarma, si deciden recurrir a este instrumento como cobertura jurídica para aprobar un toque de queda en todo o gran parte del territorio nacional que permita reducir la movilidad nocturna; una medida que están adoptando ya por su cuenta varias regiones.
Tras superarse la primera ola del coronavirus, y decaer el estado de alarma iniciado en marzo por la progresiva pérdida de apoyos, Sánchez adoptó en verano una estrategia de "cogobernanza" con las comunidades, para que fueran ellas las que, en coordinación con Sanidad, se encargaran de gestionar la pandemia.
En esta línea, a finales de agosto puso a su disposición la posibilidad de solicitar la aprobación de un estado de alarma "territorializado" que sirviera como cobertura jurídica para aplicar medidas de movilidad más estrictas, si así lo consideraban necesario. En ese momento, Sánchez, ofreció a los presidentes autonómicos la posibilidad de acudir al Congreso a defender ellos mismos su petición.
El Gobierno ya recurrió hace dos semanas a la declaración de un estado de alarma "territorializado" para aplicar en la Comunidad de Madrid los confinamientos perimetrales en la capital y otros ocho municipios, ante la "preocupante" situación en la región, y la negativa del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de atender las indicaciones del Ministerio de Sanidad.
De hecho, este estado de alarma, que se aprobó con medidas únicamente para Madrid, decae este sábado, ya que el Ejecutivo descartó prorrogarlo, consciente de que sigue sin contar con los apoyos necesarios para sacar adelante su continuidad en el Congreso, ante la negativa del PP.
De momento ya ha recibido el apoyo de Ciudadanos para decretar de nuevo ese el estado de alarma. La líder del partido naranja, Inés Arrimadas, ha llamado por teléfono a Sánchez este viernes para urgirle a que "tome el control" y aplique un plan nacional contra el coronavirus con medidas "contundentes" que eviten un nuevo confinamiento, ofreciéndole el apoyo de los diez diputados de Cs en el Congreso para aplicar el estado de alarma en caso de que sea necesario.
Sin embargo, aún contando con los apoyos de Ciudadanos y los del PNV, el Gobierno no tendría garantizada todavía la mayoría absoluta, por lo que tendría que asegurarse el voto de otros partidos.
La sexta y última prórroga del estado de alarma de marzo salió adelante el 3 de junio con 177 votos: los 120 del PSOE, los 35 de Unidas Podemos, los 10 de Ciudadanos, 6 del PNV, dos de Más País-Equo, y los de Coalición Canaria-Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe.