El Gobierno aprueba la ley con las normas para implantar el sistema de gestión de la nueva PAC

MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley que establece las normas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, como los sistemas de gestión y control, entre otros aspectos, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio nacional.

El departamento de Luis Planas ha resaltado que la PAC acometerá una "importante" reforma en 2023 al objeto de estar más centrada en los resultados y orientada al mercado.

"Una PAC más justa, más social y más medioambiental, con una mejor redistribución de las ayudas para impulsar la agricultura familiar y profesional", ha resaltado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La nueva PAC, dotada con 47.724 millones hasta 2027, otorga una mayor subsidiariedad a los Estados miembros, que han tenido que diseñar, sobre la base de su situación y necesidades específicas, sus propias intervenciones que permitan alcanzar las metas que se definan en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, cuya aprobación definitiva por parte de la Comisión Europea se prevé para este verano, según ha señalado Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha resaltado que dicho plan ha sido respaldado por Bruselas con "notable alto".

El titular de Agricultura ha afirmado que también llevará al Consejo de Ministros hasta un total de 18 decretos desde ahora a final de año en relación con la gobernanza global y con las intervenciones sectoriales del conjunto de esta política.

Este cambio de orientación para la aplicación de la PAC hace necesario disponer de las adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas en el territorio nacional.

Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordina la puesta en marcha de sistemas eficaces de gestión y control, y que su aplicación sea homogénea en todo el territorio nacional, y evitar cualquier situación discriminatoria de los beneficiarios, y todo ello garantizando siempre el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en el marco de la PAC.

Penalizaciones y sanciones

La mayor subsidiariedad a los Estados miembros ha originado que determinados aspectos que anteriormente estaban regulados en la reglamentación comunitaria se deban desarrollar ahora mediante normas nacionales, como es la aplicación de penalizaciones y sanciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas para el acceso a cada una de las futuras intervenciones del Plan Estratégico Nacional.

Otro aspecto reseñable es la necesidad de garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que es necesario establecer un marco nacional de actuación para aquellos casos en los que pudiera producirse cualquier pago indebido a los beneficiarios al objeto de alcanzar una aplicación homogénea en el territorio nacional, y facilitar a la vez la actuación de las administraciones competentes en la lucha contra el fraude.

Desde hace años, tanto los sectores implicados como las administraciones competentes han trabajado en el uso sostenible de productos fitosanitarios como en el uso prudente de antimicrobianos.

Ambas cuestiones, según el MAPA, son una prioridad "absoluta" tanto para el sector agrario como para el Gobierno y por ello se sigue avanzando en el marco legislativo correspondiente de manera que se pueda cerrar todo el proceso.

En el marco de las actuaciones para ajustar la normativa a algunas de las reformas introducidas en el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y para dar cumplimiento a los objetivos de la PAC, tales como la conservación de la biodiversidad, o los objetivos establecidos en la Estrategia Europea 'De la granja a la mesa' para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, se regula el régimen sancionador en otras materias agrarias conexas con la PAC.

En particular, en lo relativo a la comercialización de aceite de oliva y sistema de información de los mercados oleícolas, en materia de declaraciones obligatorias y contratación, y de organizaciones de productores y asociaciones de productores del sector de la leche y los productos lácteos, y en el ámbito de la conservación de recursos genéticos, la legislación en materia de bienestar animal o la nutrición sostenible de los suelos agrícolas.

Inicio de la tramitación parlamentaria

El texto aprobado este martes en el Consejo de Ministros ha sido ya debatido con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y cuenta con el informe del Consejo de Estado.

En todo este proceso se han recibido numerosas alegaciones que se han estudiado y algunas de las cuales se han tenido en cuenta, fundamentalmente en relación con la necesidad de evitar una doble penalización por una infracción o de establecer sistemas de apoyo a los agricultores que les permita remitir a la administración la información necesaria para la concesión de las ayudas y para la gestión de sus explotaciones.

Tras esta primera fase de alegaciones, este proyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de que se pueda publicar en el comienzo del año 2023, de tal manera que los agricultores y ganaderos puedan conocer el contenido de la misma antes de presentar su solicitud única de ayudas de la campaña 2023.