Momento en que los manifestantes irrumpían en el Ayuntamiento de Lorca. Foto: CEDIDA A EUROPA PRESS LORCA (EFE). El Ayuntamiento de Lorca, gobernado por el PP, ha decidido apartarse del procedimiento judicial por desórdenes públicos abierto contra el grupo de ganaderos que protagonizó el asalto al edificio en el que se iba a celebrar el pleno municipal el 31 de enero de 2022, una causa en la que el Consistorio ejercía hasta ahora la acusación particular.
Lo ha confirmado este martes el alcalde, Fulgencio Gil, que ha dado ya la orden a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y ha explicado que retirarse de la causa judicial contra los ganaderos era "una decisión que ya tenía meditada antes de acceder a la alcaldía".
Sus declaraciones a los periodistas se han producido en el Centro de Desarrollo Local, el mismo edificio en el que tuvo lugar el asalto por parte de un grupo de ganaderos disconformes con la modificación de la normativa urbanística reguladora de las granjas intensivas de porcino que se iba a debatir entonces en un pleno municipal, que tuvo que ser suspendido.
Gil ha dicho que "nadie me tiene que contar lo que pasó, porque estaba aquí y lo viví de primera mano" y ha explicado que de las diligencias judiciales "se deduce claramente, además con informes policiales, que no hubo ningún tipo de complot ni premeditación" en los actos de ese grupo de ganaderos, que se desgajaron de una manifestación convocada contra la normativa municipal.
El alcalde ha subrayado que los hechos fueron "una acción desafortunada por parte de los ganaderos", que estuvo "sin duda, propiciada por la total y absoluta falta de empatía del anterior equipo de Gobierno (del PSOE), al incumplir promesas y acuerdos con el sector".
Ha opinado que a los ganaderos "se les puso contra la espada y la pared, afectando gravemente a su medio de vida" y, aunque ha insistido en que el asalto fue "una acción desafortunada", Gil ha argumentado que "ha pasado el tiempo y hay que mirar hacia adelante" en relación con su decisión de abandonar la personación del ayuntamiento en la causa.
A ello contribuye, ha añadido, el hecho de que dos agentes de la Policía Local que habían solicitado responsabilidad civil a los asaltantes procesados hayan llegado a un acuerdo de indemnización con los acusados "y ya no tenía sentido, por lo tanto, que estuviera presente el Ayuntamiento persiguiendo judicialmente a nuestros ganaderos".
Fulgencio Gil considera que "lo mejor es que el Ayuntamiento cierre ya este capítulo, independientemente del resultado que tengan luego estas diligencias judiciales y el posible juicio que se abra" por el asalto.
En la causa judicial, cuya fase de instrucción acaba de concluir en el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Lorca, hay 18 investigados por delitos de desórdenes públicos, resistencia y desobediencia, entre otros.
