Garamendi recuerda que el pacto de rentas también es responsabilidad del Gobierno

MADRID (EP). El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha recordado este jueves que el pacto de rentas también es responsabilidad del Gobierno, y no solo de la patronal y los sindicatos, y debe abordar cuestiones que van más allá de la subida salarial.

"No solo se circunscribe a lo que sería el efecto del empleo privado, los empresarios con los sindicatos, que eso es el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), sino que habría que hablar de funcionarios, impuestos, pensiones... Un pacto de rentas va mucho más allá y no solo afecta al diálogo social, sino a toda la clase política, al arco parlamentario. Estamos hablando de acuerdo de país", ha dicho Garamendi a los medios en un encuentro empresarial.

Garamendi participó la tarde del miércoles en un encuentro con el Gobierno y los sindicatos que, según ha aclarado, fue para hacer "seguimiento de los fondos europeos", aunque "en un momento se planteó qué pasa con el pacto de rentas".

El presidente de los empresarios ha pedido "no cambiar de nombre a los temas", para no confundir acuerdo de convenios con el pacto de rentas, que como ha insistido "es una obligación de todo el conjunto de la sociedad, empezando por el Gobierno y los partidos políticos".

En la reunión del miércoles, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, planteó a los agentes sociales un pacto de rentas hasta 2025 que pase por una "moderación" de rentas salariales y empresariales para hacer frente a la escalada inflacionista.

CCOO y UGT se mostraron "abiertos" a hablar de un pacto de rentas que no pase por una contención de salarios exclusivamente y que aborde la fiscalidad a empresas y el control de los beneficios empresariales. La próxima vez que se reúnan será tras el verano, según presuponen los sindicatos, aunque aún no hay concreta.

Garamendi también ha manifestado este jueves que la patronal seguirá sentada a la mesa, pero hablando de cuestiones que no se centren exclusivamente en los salarios.

Subida salarial pero sin indexación

El presidente de los empresarios ha precisado que la patronal no se opone a una subida salarial y ha asegurado que la reticencia de la patronal no responde a "un problema de cifras" sino a la petición sindical de incluir en los convenios una cláusula de revisión salarial.

"En ningún caso estamos diciendo que no haya que subir los salarios, claro que sí y vamos a ver cómo, pero habrá que hacerlo de una manera que no sea indexando (los salarios a la inflación), poniendo esa cláusula que creo que no es beneficiosa", ha comentado Garamendi.

El presidente de la CEOE ha señalado que se apoya en las recomendaciones del Banco de España, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España (AIReF) y el Banco Central Europeo (BCE), y ha advertido de que "el problema de inflacionar los salarios" es que convierte la inflación en estructural en vez de coyuntural.

Para Garamendi, la patronal se opone a la indexación de los salarios al IPC "por responsabilidad" y ha añadido que no todos los sectores pueden permitirse subidas acordes a la inflación. También ha explicado que los empresarios rechazan la cláusula de revisión salarial porque en la práctica daría igual la subida salarial pactada por convenio "si lo que va a ir a fin de año es la inflación que se haya dado".

Además, ha insistido en que las empresas perdieron 100.000 millones de euros en beneficio entre 2020 y 2021, y con una caída de 6.000 millones de euros en beneficios en el primer trimestre de 2022 en comparación con el mismo periodo de 2019.

"Tenemos que salir entre todos de esta crisis provocada, en muchos casos, por el planteamiento de lo que es la guerra, pero tenemos que ser conscientes de que a las empresas hay que darles espacio, que son las que crean empleo, impuestos y puestos de trabajo", ha dicho.

SMI: "Que tome la decisión la ministra"

Garamendi también se ha pronunciado sobre la petición de los sindicatos de revisar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que subió a 1.000 euros a comienzos de año, y de elevarlo al 60% del salario medio español en 2023, una reivindicación que también comparte la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El presidente de la CEOE ha recalcado que el SMI "es una facultad del Gobierno" y no obedece a "un tema de acuerdos". Garamendi ha precisado que a pesar de la revalorización del SMI en los últimos tres años, el Estado sigue sin indexar los contratos al SMI.

"Hay muchísimas empresas que no están llegando o que pueden estar en pérdidas como consecuencia de esa no indexación de los contratos del Estado respecto al SMI", ha añadido. Además, ha expuesto que en más de diez comunidades el SMI ya supera el 60% del salario medio de esos territorios.

Garamendi ha señalado que si el Gobierno continúa con esta línea de subidas los salarios terminarán "siendo un coste regulado por el Estado" y ha comentado que la solución debería ser "incorporar más gente al empleo".

"Estamos abiertos, seguimos hablando y seguiremos hablando. Cuando la postura es la que es y por parte sindical es ese planteamiento, en cierta medida apoyada por la ministra de Trabajo, pues que tome la decisión la ministra de Trabajo y ya está", se ha resignado el presidente de la CEOE.

UGT lo ve posible tras el verano

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve posible alcanzar un pacto de rentas después del verano porque cree que es necesario para el país, aunque ha advertido de que su consecución exige la inclusión de cláusulas de garantía salarial ligadas al IPC y el control sobre los beneficios empresariales.

Álvarez, en declaraciones a RNE y a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha insistido en que el principal escollo para tener un acuerdo con la patronal es la cláusula de revisión salarial, y ha señalado al respecto que los sindicatos han planteado a CEOE fórmulas "flexibles".

"Las empresas están trasladando los costes a los productos que fabrican o a los servicios que venden y nadie puede pretender que los trabajadores no traslademos a los salarios el coste de la vida o que no se traslade al aumento de las pensiones", ha defendido.

Álvarez ha reconocido que "es difícil poner puertas al campo" y controlar los beneficios empresariales. Por este motivo, los sindicatos han pedido al Gobierno que, si quiere un pacto de rentas, "tiene que poner encima de la mesa cómo va a controlar esos beneficios".

Y no sólo desde el punto de vista de la fiscalidad, ha precisado, sino incluyendo elementos que faciliten, por ejemplo, que parte del reparto de dividendos se reinvierta para mejorar las empresas desde el punto de vista tecnológico y productivo.

"Lo que es evidente es que los márgenes empresariales están mejorando", ha dicho el líder de UGT, que ha puesto de ejemplo al sector de la hostelería, cuyos precios han subido entre un 25% y 40% aunque no hayan aumentado las materias primas que utilizan para dar esos servicios. "¿Por qué los salarios van a renunciar a crecer en este sector, cuándo estamos en un momento absolutamente espléndido?", se ha preguntado.