Franco defiende que actuó antes del brote y niega que faltara comunicación con Villegas

CARTAGENA. La vicepresidenta del Gobierno murciano rindió cuentas en la Asamblea Regional de su gestión al frente de unos de los focos más sensibles del Covid-19, como son residencias de personas mayores. Isabel Franco es, como consejera de Familias y Política Social, la máxima responsable de la gestión de las 107 residencias públicas o concertadas del IMAS. El coronavirus ha golpeado con dureza en cuatro centros de ancianos y un complejo de personas con discapacidad, dado que la mitad de los 130 fallecidos en la Región son residentes (62 decesos). Hasta la fecha, hay contabilizados 84 contagios, 141 curados y 81 trabajadores infectados. "Las cifras son las segundas menos malas de nuestro país, uno de los más afectados por la pandemia en el mundo", manifestó la consejera, que compareció a petición propia.

En su intervención en la Cámara, la vicepresidenta negó que existiera descoordinación con el consejero de Salud. "Lo tengo que desmentir categóricamente". También negó que faltara comunicación. Aseveró que todas las cartas que le envió al titular de Salud -y que fueron objeto de las críticas de la oposición porque daba a entender una cierta falta de comunicación- "fueron precedidas" de llamadas telefónicas con Villegas. El SMS se hizo cargo de la gestión de las residencias afectadas el 28 de marzo (Orpea en Cartagena, Altavida en Abanilla, Caser en Santo Ángel, Manuel Campillo en Santomera, así como un centro de discapacidad en Churra).

Franco reconoció errores, -"El servicio de teleasistencia se dio a conocer por los medios de comunicación"-, y admitió que "en ocasiones han tenido que improvisar", dadas las circunstancias y también porque "es una crisis nunca vivida antes, sin planes ni modelos precondebidos" pero defendió que no va entrar en la confrontación política "mientras haya vidas en juego".

La consejera enumeró las principales decisiones que ha tomado su Consejería. Defendió que empezó a actuar no sólo "días antes" de que se decretara el estado de alarma, sino también antes de la llegada del brote a la Región -el primer contagio se conoció el 8 de marzo-, ya que el 5 de de marzo se reguló la entrada de familiares a las residencias. "Nos anticipamos, ganamos tiempo y pudimos reforzar la seguridad", expresó.

También avanzó que el Consejo de Gobierno abordará en mayo la pendiente Ley de Servicios Sociales. Franco se propuso "acelerar" todos los trámites y "unificar" todas las prestaciones de Servicios Sociales en los municipios.

La dirigente hizo hincapié en la importancia de la renta de inserción básica, cuya partida quiere duplicar -"Es el único ingreso para los que peor lo pasan"- y anunció un título de familias monoparentales para que estos colectivos puedan acceder a ayudas específicas junto con las familias numerosas. El dinero, explicó, saldrá de un fondo propio de 360.000 euros. También apuntó que su Consejería suspendió la caducidad de los títulos de 2.000 familias numerosas y las tarjetas de discapacidad de 5.000 personas cuyo vencimiento se producía este año.