Fomento introduce los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la nueva ley de infraestructuras y viviendas

MURCIA. La Comunidad ha elaborado la primera ley autonómica en infraestructuras y vivienda que recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda Urbana española y europea y de la ONU, con el fin de prevenir y reducir los efectos del cambio climático. El texto promueve la implementación de las denominadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SNB) como estrategia para la renaturalización de las ciudades y mejorar las condiciones de vida.

Así se incluye en la Decreto-Ley para mitigar el impacto socioeconómico del Covid-19 en infraestructura y vivienda, que hoy convalidó la Asamblea Regional, e inicia así su tramitación como proyecto de ley.

 El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, explicó que “el texto incluye una amplia batería de medidas en el área de infraestructuras para favorecer la reactivación rápida de la actividad privada a través de la agilización burocrática y que se integran en el Plan Reactiva para avivar la economía regional ante la crisis sanitaria”.

Según expuso, “introducimos en la ley la sostenibilidad y la protección medioambiental como un elemento fundamental de la actividad administrativa en materia urbanística”, y añadió que “se pretende que la ordenación del territorio y el urbanismo sean herramientas sensibles a la sostenibilidad y a la protección medioambiental como elementos fundamentales para el desarrollo”.

Díez de Revenga explicó que el objetivo de la ley, “que cuenta con las garantías jurídicas necesarias, es ganar en eficiencia y competitividad del tejido productivo regional gracias a aligerar la carga burocrática”. Calificó de “urgentes” las medidas propuestas para favorecer la actividad empresarial, proteger el empleo y dar seguridad en los hogares, ante una “crisis económica sin precedentes”.

Entre las medidas de fomento de la sostenibilidad, también se favorece la instalación de placas solares y se apuesta por una gestión sostenible de los puertos a través de la introducción de criterios de ecoeficacia y adaptación al cambio climático en la adjudicación de las concesiones portuarias.