El fiscal pide el archivo de la denuncia contra Miras y un cargo de Salud por la operación de un familiar de García Egea

MURCIA. Se frena en seco la denuncia de Podemos e Izquierda Unida contra Fernando López Miras y el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, por presunto cohecho en la operación quirúrgica de un familiar del secretario general del PP, el ciezano Teodoro García Egea. El fiscal no ve indicios, ni siquiera "indicios mínimos que permitan admitir a trámite la denuncia". Por ello, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias previas que la pasada semana abrió el titular del Juzgado Número 7 de Murcia. Este caso tiene su origen en la denuncia que Podemos e IU habían presentado a raíz de la información publicada por el diario infoLibre. 

El fiscal estima que "lo publicado en la noticia de InfoLibre en la que se sustenta la denuncia no es bastante para justificar mínimamente la comisión de delito alguno por los denunciados". El Ministerio Público también esgrime que tanto López Miras como Torrente son altos cargos y, por tanto, "se entiende que la Fiscalía competente para asumir la tramitación de la denuncia contra altos cargos corresponde a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Criminalidad Organizada y no la Fiscalía Superior de la Comunidad".

Argumentos del fiscal

El fiscal Juan Pablo Lozano, en su escrito al que ha tenido acceso Murcia Plaza, señala que los hechos denunciados, de ser ciertos, "no podrían ser constitutivos de delito de cohecho como se califica en la denuncia, ni tampoco en la figura delictiva próxima del delito de tráfico de influencias". A juicio de Fiscalía, de ser ciertos, serían en su caso, constitutivos de un delito de prevaricación.

Según sus argumentos, no puede ser cohecho porque "no se ha vinculado la supuesta intervención de López Miras ni del secretario Torrente con dávida, beneficio o recompensa alguna por su supuesta intermediación en favor de sí mismo o de un tercero con abuso de su cargo público, lo que como tal, invalida a priori la imputación de cualquier modalidad del delito de cohecho, ya sea propio o impropio, por tratarse del elemento nuclear de dicho delito". 

Y añade: "No consta mencionado en la denuncia que el solicitante Teodoro Egea ni los solicitados López Miras y Andrés Torrente hayan ofrecido o solicitado respectivamente, recompensa, dávida o gratificación alguna por dicha actuación de intermediación en favor del paciente familiar del primero de ellos".

Del mismo modo, el fiscal tampoco cree un posible tráfico de influencias, pues considera que "no podrían encuadrarse los hechos denunciados de supuesta mediación en favor de un tercero para obtener una fecha de intervención quirúrgica incumpliendo los tiempos reglamentarios como un delito de tráfico de influencias, al no constar que con ello se pretendiese obtener una resolución que pudiera generar un beneficio económico".

"Incoherente la actuación de los denunciantes"

En su informe, el fiscal también afea como "incoherente" la actuación procesal de los denunciantes "al omitir como denunciado a un aforado mencionado en la denuncia: el verdadero beneficiado sería un tercero (un paciente familiar de un cargo político, el aforado Teodoro García Egea), sin que los altos cargos denunciados obtuvieran beneficio alguno concretado en la denuncia para entender la inicial imputación de un supuesto delito de cohecho, y sin que tampoco se concrete ofrecimiento alguno de dávida por el político solicitante del favor administrativo interesado". 

Y agrega: "Llama la atención que la denuncia no se presente de forma íntegra contra los 3 supuestos intervinientes en tales hechos que se denuncian como delictivos, pues aunque uno de ellos pudiera ser aforado ante el Tribunal Supremo, los hechos relatados parecen inescindibles y deberían valorarse conjuntamente la actuación de los tres, cualquiera que fuera el resultado final".

Además, como colofón, el fiscal añade otro motivo más: "La propia Fiscalía conoce de la existencia de dos certificaciones de fecha 8-6-2021 firmadas por el Coordinador de Admisión del Área 1 del SMS por constar aportadas en las diligencias de Investigación nº 294/2021 de Fiscalía -que han provocado una denuncia contra el funcionario que accedió al sistema informático para obtener copia del expediente del familiar supuestamente "recomendado"-, certificaciones que justifican la regularidad del tratamiento, prioridad y fechas de la intervención médica objeto de la denuncia. Se aporta copia de ambas certificaciones".