El juez abre diligencias previas tras la denuncia contra Miras y un cargo de Salud por presunto cohecho "en la operación de un familiar" de García Egea

MURCIA. El juez admite la denuncia de Unidas Podemos e Izquierda Unida contra el presidente murciano, Fernando López Miras, y el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, por un presunto delito de cohecho y pide a la Fiscalía que estudie la "viabilidad jurídica" de la denuncia para decidir si se dirige formalmente o no el procedimiento contra los dos denunciados. 

En concreto, el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia acuerda incoar diligencias previas por la denuncia por supuesto cohecho presentada por Podemos e Izquierda Unida a raíz de la información publicada por el diario infoLibre, que acusaba a López Miras de mediar en la operación quirúrgica de un familiar del secretario general del PP, el ciezano Teodoro García Egea.

Fuentes judiciales explican que en la resolución, fechada el 2 de diciembre, el magistrado pide al Ministerio Fiscal que informe "acerca de la viabilidad jurídica" de la denuncia interpuesta, "con carácter previo a decidir acerca de si se dirige formalmente o no el procedimiento contra los denunciados".

El juez argumenta en el auto, al que ha tenido acceso este diario, que "sin propósito de prejuzgar acerca de la viabilidad o no de esta denuncia, este instructor va a acordar oír al Ministerio Fiscal acerca de la citada viabilidad dado el carácter eminentemente público del delito que se dice cometido".

Reacciones: el PP habla de denuncia falsa y Podemos, de "acabar con la impunidad"

El PP, ante el conocimiento del auto, ha respondido cargando contra Podemos e Izquierda Unida, a quienes acusa de presentar una "denuncia, mezquina, sucia y rastrera" que "además", dicen, "es rotundamente falsa" y "no tiene ningún recorrido". En declaraciones de Miriam Guardiola, portavoz del PP, "quieren aprovecharse de la Justicia para sus fines, a sabiendas de que es una denuncia falsa". 

El secretario general de los populares en la Región, José Miguel Luengo, esgrimió asimismo que "un informe del propio Hospital de la Arrixaca descartó que hubiera trato de favor o privilegio alguno al familiar de García Egea, lo que demostró que las acusaciones eran totalmente falsas". Y agregó: "Se dejó patente que el personal vinculado al PSOE y Podemos habían aprovechado esta situación para cometer un supuesto delito de intromisión ilegítima accediendo a los datos personales de la historia clínica de un paciente, algo muy grave. De hecho, la propia Arrixaca denunció ante Fiscalía la actuación de este liberado que utilizaron, supuestamente, como marioneta".

Por el contrario, desde Unidas Podemos reaccionaron expresando que "La impunidad de López Miras y García Egea debe acabar", como así declaró el líder morado en la Región y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna. "No es la primera vez que juegan con las vidas de la gente. Las vacunas vip a altos cargos en enero ya demostraron lo mucho que piensan en sí mismos y lo poco que les importan las vidas del resto. Este escándalo es otra prueba más. Cuando un político favorece a un familiar para saltarse la lista de espera aprovechándose de su cargo, lo hace en detrimento de otro paciente", criticaba.

Por su parte, el coordinador regional de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, opinaba que "la Justicia no podía obviar sin más una evidencia delictiva tan palpable, que debe ser como mínimo investigada". A su juicio, "la documentación oficial puede aclarar sin ningún lugar a dudas por qué algunos pacientes tienen que esperar meses para una operación de este tipo y el familiar de García Egea habría sido operado presuntamente en solo 6 días y habría conseguido una consulta con el especialista en cuestión de horas tras las gestiones de López Miras".