MADRID (EFE). Este lunes 19 concluirá el plazo ordinario para que el Gobierno remita al Senado el informe de la Abogacía del Estado en el que se basa Hacienda para indicar que si la cámara alta vuelve a rechazar la senda de estabilidad podrá entonces elaborar ya el proyecto de ley de Presupuestos para 2024.
La solicitud de remisión fue registrada por el senador del PP Javier Arenas el 12 de diciembre, el día siguiente a la explicación pública de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que hizo referencia a ese informe.
La petición de remisión del documento fue calificada ese mismo día y continúa pendiente de contestación por el Gobierno, y, según recoge la web del Senado, la fecha límite de contestación es este lunes, 19 de febrero.
Seguirá pendiente la contestación a partir de este lunes, ya que fuentes de Hacienda han informado a EFE esta semana de que el informe se publicará cuando sea ejecutivo, es decir, si se llega al escenario de que el PP vuelve a bloquear la senda de estabilidad, pero no con anterioridad.
El Reglamento del Senado indica que la Administración requerida para remitir un documento tiene la posibilidad de manifestar al presidente del Senado, en un plazo no superior a treinta días, las razones fundadas en derecho que le impiden el envío.
En diciembre el PP ya puso en duda que la Abogacía del Estado hubiera indicado que el Gobierno estará facultado para presentar su proyecto de Presupuestos, e incluso dudó de la existencia misma de ese dictamen, por lo que presentó esa solicitud en el Senado para que saliera a la luz.
No existen precedentes sobre esta situación desde que existe la exigencia de la aprobación previa por las Cortes de la senda de estabilidad antes de la elaboración del proyecto presupuestario.
De ahí que el Gobierno se base en el documento jurídico al que se ha referido Montero, mientras el PP considere que no pueden obviarse los rechazos a la senda de estabilidad en el Senado, aunque la ley solo indique que el Consejo de Ministros tiene que remitirla a las Cortes por una segunda vez.
El martes pasado, día 13, el Consejo de Ministros aprobó por segunda vez la senda de estabilidad, que incluye el techo de gasto, y lo hizo de forma idéntica a la vez anterior, cuando fue tumbada por el pleno del Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta, el 7 de febrero.
El pleno del Senado volverá a votar sobre la senda de estabilidad en un próximo pleno, previsiblemente en marzo.
El proyecto de ley para los Presupuestos Generales del Estado para 2024, tras ser rechazada la senda de estabilidad dos veces en el Senado, podría además basarse en los objetivos de déficit enviados hace diez meses a Bruselas, más estrictos.
La senda rechazada por el Senado permitía una décima de déficit a las comunidades autónomas, e incluso algunas se han basado en ello para sus presupuestos, pero, según Hacienda, si se da un segundo rechazo por el Senado, el proyecto se hará según los objetivos presentados a la Comisión Europea en abril.
La senda de estabilidad recoge el mismo dato de déficit público para 2024 que la referencia remitida a Bruselas en abril, el 3 % del PIB, pero da mayor flexibilidad a comunidades autónomas (una décima de déficit en lugar de equilibrio) y ayuntamientos (equilibrio en lugar de dos décimas de superávit).
La senda de estabilidad prevé reducir el déficit público al 3 % del PIB este año, cumpliendo las reglas fiscales europeas, para después bajar al 2,7 % del PIB en 2025 y el 2,5 % en 2026.
La senda va acompañada por el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2024, que no se somete a votación, y que asciende a 199.120 millones de euros una vez incluidos los fondos europeos, el 0,5 % más que en 2023.