CARTAGENA (EUROPA PRESS). La presidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Juan González (FAPA-RM), Clara García Saénz de Tejada, ha advertido que la pandemia ha acelerado "la situación de degradación", poniendo de manifiesto "la poca inversión en educación y la poca voluntad política que existe para darle la vuelta a la situación educativa en la Región de Murcia". García ha destacado uno de los "puntos más urgentes e importantes" que ha generado la pandemia como es la falta de inversión en recursos humanos y materiales. Esa falta de inversión repercute en aspectos como la falta de docentes, la falta de espacios adecuados y las ratios que hay en las aulas.
"La situación actual tiene como consecuencia que se ha roto el principio fundamental de la escuela pública como lugar de compensación de desigualdades, provocando una brecha socio-educativa de las familias que asistimos a la escuela pública", ha dicho. Asimismo, ha afirmado que es "responsabilidad de las instituciones velar por esos menores".
La presidenta de FAPA-RM ha denunciado que la semipresencialidad en todas las etapas educativas está causando un daño, "una bola de nieve que conforme pasan las semanas solo contiene desigualdad", siendo la Región de Murcia la única en todo el territorio nacional en imponer esta medida.
García ha manifestado los graves problemas de conciliación en familias en riesgo de exclusión social como aquellas en las que los progenitores trabajan en servicios esenciales. La presidenta de FAPA-RM ha destacado el testimonio de una madre de familia monoparental con una hija en 4º de primaria y un hijo en 1º de la ESO: "La semana que la niña no coincide con su hermano, la dejo conectada en el ordenador con su abuela que vive en Estonia y le explica los deberes".
García ha reivindicado que "el sistema educativo no estaba preparado para dar el salto de la noche a la mañana a la educación no presencial - telemática" y ha aplaudido el esfuerzo del profesorado, alumnos y familias que "han puesto todo de su parte para que el cierre escolar no supusiera un abandono de las tareas académicas".
Además, la presidenta de FAPA-RM ha aportado los datos de un sondeo, realizado a 1.900 familias de la Región, en el que se destaca que el gasto de las familias para externalizar los servicios los días que sus hijos se quedan en casa es entre 60 y 100 euros por familia. Asimismo, García ha asegurado que "si el 19% de abandono escolar en la Región nos parece una cifra altísima, habrá que ver qué ocurre después de la pandemia".
Ante la comisión, también ha comparecido el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Cooperativas de Enseñanza (Fampace), Rafael Martínez, que ha manifestado que "la LOMLOE afecta a la libertad para acceder al centro educativo que consideramos más adecuado para nuestros hijos amparado por el derecho a la educación como un derecho básico". Así lo ha expuesto en la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional.
Martínez ha asegurado que esta nueva ley supone un desequilibrio para la comunidad educativa. "Las modificaciones deberían centrarse en la actualización de contenidos o procedimientos en el sistema educativo, pero no una alternancia de leyes", ha dicho.
Durante su comparecencia ha afirmado que "la educación es y será siempre un asunto de estado de primer orden que requiere de un consenso lo más amplio posible que garantice estabilidad, equilibrio y perdurabilidad en el tiempo".
El presidente de Fampace ha manifestado la apuesta por una educación pública "en la que convivan modelos diferenciados únicamente por la titularidad del centro, siempre que se impartan de manera adecuada los contenidos previstos en los currículos escolares". Martínez ha asegurado que ambos modelos han coexistido sin problema, siendo complementarios y dando respuestas a las demandas de las familias.
Asimismo, Rafael Martínez ha destacado que no es el momento de cuestionar el modelo educativo, sino de apostar por reformas cualitativas en el sistema educativo que promuevan una mayor inclusividad, iniciativas orientadas a disminuir el fracaso y abandono escolar, dar el salto de calidad que el sistema necesita y garantizar esfuerzos en la búsqueda de un pacto por la educación que garantice la estabilidad que la educación en España necesita. "Esta ley parece encaminada a apuntar un tanto en vez de apuntar una victoria", ha concluido.