MADRID (EFE). La exclusión financiera que sufren especialmente las personas mayores en distintas zonas de España por el avance de la digitalización y el cierre de sucursales se ha colado en el debate público en las últimas semanas, pero este mismo problema se da en los principales países europeos.
Tanto es así que también ha motivado movilizaciones sociales, políticas y de algunas empresas del sector.
El grado de inclusión financiera en Italia es alto y se sitúa en el 96%, pero la situación es muy heterogénea, ya que en el sur y en las islas, el índice ha retrocedido aproximadamente 20 puntos en la última década, en parte por la falta de intermediarios y sucursales.
En todo el país, las personas mayores son las que se ven más a menudo excluidas por la digitalización del sector, que se ha acelerado con la pandemia y que ha conllevado el cierre de numerosas sucursales.
Es el caso del grupo Intesa Sanpaolo, que ha anunciado el lanzamiento de un banco digital, dirigido a cuatro millones de usuarios minoristas y que implicará la clausura de 1.050 oficinas.
El sindicato italiano mayoritario, CGIL, ha denunciado la "falta de alternativas" para las personas que no utilizan internet y el Banco de Italia ha lanzado estímulos para la formación y la supervisión de intermediarios, mercados y sistemas de pago.
En Francia, la ley garantiza el acceso a algunos instrumentos bancarios a las personas en situación precaria desde 1985.
Este armazón normativo incorpora un Observatorio de la Inclusión Bancaria que reúne a asociaciones de usuarios, bancos, centros de acción social y administraciones públicas, presidido por el gobernador del Banco de Francia, para supervisar las prácticas de las entidades con el público en dificultades.
El número de cajeros ha disminuido en cerca de 2.000 oficinas en los últimos cinco años, pero el Gobierno afirmó en diciembre, durante una repuesta parlamentaria, que casi toda la población vive a menos de 15 minutos en coche de una sucursal.
El servicio francés de correos, La Poste, que cuenta con más 6.600 agencias, permite a los particulares hacer demandas y obtener dinero en efectivo. El ejecutivo francés confía en este modelo y ha manifestado su interés en incrementar en 500 millones de euros su contribución a este servicio.
El 53% de las sucursales bancarias británicas cerraron entre 1989 y 2016, pese a que 5,4 millones de personas "todavía dependen actualmente del efectivo", según un informe elaborado por la Cámara de los Lores.
Desde el estallido de la pandemia, el Ejecutivo del Reino Unido ha trabajado con los reguladores financieros para "asegurar el acceso bancario" y también se ha comprometido a legislar "para asegurar que la infraestructura siga siendo sostenible", favoreciendo, entre otras cosas, la posibilidad de realizar pagos en efectivo.
De cualquier modo, las autoridades prefieren "no intervenir en las decisiones comerciales" de las empresas y trabajan con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) para garantizar la oferta de alternativas a la banca digital.
En Portugal, la exclusión financiera afecta principalmente a los mayores de setenta años que viven en las regiones del interior, las más afectadas por la despoblación y el envejecimiento y en las que solamente el 8% utiliza estos canales bancarios.
La principal entidad bancaria lusa, la Caixa Geral de Depósitos, está presente en prácticamente todos los municipios portugueses, en contraste con el segundo banco nacional, el BCP, que no tiene sucursales en más de un tercio de los territorios.
En Alemania, el proceso de cierre de sucursales, para el que incluso se ha acuñado el término "Filialensterben" (muerte de las filiales), ha generado descontento en la facción más veterana del partido democristiano, la CDU, que gobernó el país entre 2005 y 2021.
El presidente de este sector del partido, Otto Wülff, ha dicho que "comprende que los bancos están bajo presión para reducir costes", pero ha recordado que el cierre de los cajeros provoca que "no solo los mayores tengan que recorrer kilómetros y kilómetros para conseguir dinero en efectivo".
Wülff también ha señalado que mucha gente no tiene en sus casas las condiciones para manejar sus asuntos bancarios digitalmente.
El proceso de cierre de filiales se aceleró entre 2019 y 2020, cuando cayó un 5%, pero se pronostica que este porcentaje podría crecer en los próximos años hasta llegar al 40% de las sucursales clausuradas en 2023, según un estudio elaborado por la consultora PwC.
Las protestas ante esta situación se han sucedido en algunas ciudades como Fráncfort, la capital financiera de Alemania.
Incluso en los países con un alto nivel de digitalización, como Finlandia, las organizaciones civiles han reclamado medidas que garanticen el acceso a los servicios financieros.
Algunas entidades bancarias finlandesas han creado servicios específicos orientados a las personas mayores para que aprendan a realizar pagos y otras gestiones de forma digital, entre ellos vídeos tutoriales, cursos "online" o líneas de asesoramiento telefónico.