MURCIA. Desde 2019, Europa y de manera muy especial España vienen sufriendo una crisis económica sin precedentes que nos ha empobrecido y que amenaza con permanecer en el tiempo. Ante ello, en lugar de reflexionar sobre las causas y actuar en el origen de los problemas, se argumenta que ello se debe a la compleja situación internacional sobre la que poco o nada se puede hacer.
Primero fue la pandemia Covid-19, a la que en España se hizo frente tarde y deficientemente, que colapsó nuestro sistema sanitario y puso de manifiesto nuestra incapacidad para hacer frente a situaciones excepcionales, provocando más de 100.000 muertos y que miles de empresas y pequeños comercios cerraran.
Más tarde, cuando parecía que se podían superar las consecuencias socioeconómicas del Covid, la guerra de Ucrania provocó el colapso de las economías europeas. Se interrumpió el suministro de las materias primas (grano, aceite girasol, fertilizantes, etc.) y la energía (petróleo y gas), constatando la excesiva dependencia que tenemos de terceros países, por lo que pagamos altísimos precios por los productos básicos.
En la actualidad, agotado el discurso de la pandemia y la guerra, se pretende justificar el desmesurado y continuo incremento de los precios de los alimentos y la energía con el cambio climático. Ahora se acuña un nuevo mantra: La cesta de la compra es más cara por los efectos de la sequía y de las temperaturas del otoño-invierno.
Se intentan buscar nuevas escusas para justificar la crisis económica que está golpeando con especial crudeza a las familias más vulnerables con objeto de eludir responsabilidades y sobre todo evitar tomar decisiones. La respuesta ante las crisis parece que es mirar hacia otro lado y no buscar qué se puede hacer para revertir o superar la situación.
El riesgo de desabastecimiento agrícola no está provocado solo por una climatología adversa, que por cierto padecemos periódicamente, sino por el brutal aumento de los costes de la energía y materias primas, los recortes del suministro de agua, las normativas restrictivas de la actividad agrícola que amenazan la supervivencia de las explotaciones agropecuarias y la subida de los precios de los fertilizantes.
El desmesurado incremento de los precios que sufrimos es una consecuencia de no haber acometido los cambios estructurales que necesita nuestro sistema productivo para alcanzar la soberanía energética y alimentaria nacional. Más producción agrícola, más superficie en regadío, más agua y más generación energética nacional posibilitaría reducir los costes operativos y consecuentemente una disminución de los precios.
Para algunos parece que la receta contra la adversidad es resignarse y esperar a tiempos mejores. En el mundo globalizado en el que vivimos no somos inmunes a las crisis internacionales o a los efectos de la climatología, pero también se puede actuar local o territorialmente para mitigar su impacto y corregir las situaciones adversas.
No es posible mantener la cohesión social si los precios de los alimentos básicos o de la energía están disparados e impiden a una buena parte de la población vivir dignamente. Una sociedad no debería basarse en el subsidio o la subvención, sino en el empleo con salarios dignos que posibiliten desarrollar los proyectos de vida particulares en libertad.
Se trata de mejorar la capacidad de adaptación de nuestro país para superar las dificultades y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. No hay que buscar escusas o justificaciones inconsistentes, sino aplicar soluciones
Apoyar la actividad agropecuaria, agua suficiente para todos, incrementar el regadío e impulsar un mix energético que abarate el precio de la electricidad puede contribuir a reducir los precios y alcanzar una mayor autonomía alimentaria y energética para España. Se puede conseguir si hay voluntad.
Miguel Ángel Cámara Botía