MURCIA. Reclamar una indemnización, la devolución de un importe por un artículo defectuoso, aguantar el seguro de la casa que te impone tu banco o, sencillamente, pagar más impuestos de los que te corresponderían por falta de información o desconocimiento son situaciones más habituales de lo deseado. Luchar contra la impotencia que generan estas prácticas en los consumidores y contribuyentes es lo que se proponen distintos proyectos emprendedores.
Constituir una sociedad limitada, disolverla, nombrar a un administrador, cesarlo, aprobar una ampliación de capital, son solo algunos de los infinitos trámites que cualquier empresa o persona jurídica tiene que formalizar ante un notario. Un análisis reciente presentado por la consultora Entre Trámites calculaba en torno a los 144 millones de euros el impacto económico de las complejidades burocráticas del sistema de notariado y registro mercantil en España en el año 2022.
Trasladado a las personas físicas, la cosa se agrava, entre otros motivos porque no encontramos, o no podemos, delegar en terceros la ejecución de todos estos procesos. Calculan en TaxDown que los españoles destinamos más del 1% de nuestras vidas a rellenar papeles para el Gobierno y otras Administraciones. Súmese a la pérdida de tiempo, los gastos que se han de asumir en caso de contratar a un gestor u otro profesional para que supla nuestro desconocimiento en determinados trámites.
Cumplimentarlos bien es importante si se tiene en cuenta el riesgo de sanción o pérdida de dinero. Según TaxDown, alrededor de 9.000 millones de euros de más se quedan anualmente en las arcas públicas porque los contribuyentes no sabemos aplicar correctamente las deducciones en la declaración anual de la renta, proceso por el que pasamos cada año 25 millones de españoles.
“Nuestra visión es liberar al mundo de la burocracia”, resume la razón de ser de TaxDown Álvaro Falcones, coCEO y CPO de la startup. Lo suyo es una plataforma que facilita la ejecución online de trámites administrativos con el foco, sobre todo, en los impuestos. Aseguran que con su herramienta consiguen ahorrar, a 1 de cada 2, la cantidad de 400 euros por encontrar las deducciones que Hacienda omite en el borrador del IRPF que nos manda. “Yo siempre digo que somos una mezcla de entre Robin Hood y el Zorro”, bromea Falcones.
También a Pablo Rabanal, fundador de Reclamador, le gustaba comparar la misión de su empresa con Robin Hood. Se trata de una plataforma de reclamaciones online que se rige por el modelo ‘No Win, No Fee’, vamos que si no ganas la reclamación, tampoco pagas por presentarla. Se han especializado en reclamaciones a aerolíneas, que fue el foco inicial de la compañía, para luego ir ampliando servicios a áreas como la banca, la Ley de la Segunda Oportunidad, herencias o de impuestos como la plusvalía municipal.
Aseguran haber resuelto ya más de 100.000 reclamaciones y recaudado más de 225 millones de euros a empresas e instituciones desde su nacimiento, en 2012.
También el despacho de Jesús Ruiz De Arriaga, Arriaga Asociados, se atribuye el mérito de haber cambiado las reglas del juego del sector de la abogacía tras defender a miles de consumidores ante las prácticas abusivas de muchas entidades financieras con tan solo hacer una llamada telefónica o acercarse a una de las decenas de oficinas distribuidas por toda España. Presumen de haber recuperado 2.353,4 millones de euros.
Semejante es la propuesta de indemniza.me la cual permite a sus clientes reclamar las indemnizaciones a las que tienen derecho por el mal servicio prestado por grandes empresas como aseguradoras, entidades financieras o aerolíneas. También aquí la fórmula de cobro se basa en la indemnización a éxito, sin adelantar gastos. El equipo lo integran abogados especialistas en derecho aeronáutico, bancario y consumo. La empresa bilbaína está respaldada por el fondo de Bewater Funds.
Cartel.es nace a raíz de la sanción a los miembros participes del llamado ‘Cartel de Coches’ impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la ratificación de dichas sanciones por parte del Tribunal Supremo.
El llamado ‘Cartel de coches’ actuó en España entre los años 2006 y 2013 y se relaciona con un conjunto de prácticas abusivas y restrictivas llevadas a cabo por cerca de una treintena de fabricantes de automóviles repercutiendo en el bolsillo de los compradores. La multa que se impuso a las marcas involucradas asciende a 152 millones de euros.
Reclamar el dinero que pagaron de más los consumidores es la misión de cartel.es, una marca comercial de LegalTech Ventures S.L donde Wilhelm Mayer y Gonzalo R. García de Diego figuran como responsables. Con un modelo Software as a Service han desarrollado una plataforma capaz de identificar qué vehículos cumplen los criterios para llevar a cabo una reclamación judicial y la cuantía que correspondería en cada caso.
La firma de abogados Hispajuris, por su parte, pone el foco en las reclamaciones por otro cártel, el de los camiones (1997-2011). Con una sanción impuesta por la Comisión Europea de 3.600 millones de euros, este cartel infló los precios de camiones de medio y alto tonelaje, afectando a la compra de más de 200.000 vehículos en España durante su operativa. Se estima que los compradores pagaron sobreprecios por el acuerdo entre seis grandes fabricantes (MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF) afectando a todo el espacio económico europeo.