Imagen de archivo. Foto: TIM SAMUELS/PEXELSMURCIA (EFE). El sector agroalimentario encabeza la movilización de las empresas españolas para flexibilizar el nuevo reglamento de residuos de envases de la Unión Europea (UE), cuya negociación entrará en la recta final este lunes, tras el dictamen del Consejo de Ministros de Medio Ambiente en Bruselas.
El Consejo de Medio Ambiente tratará de pactar una posición común, de cara a iniciar la negociación final con la Eurocámara sobre una ambiciosa regulación cuyo objetivo es frenar los residuos de los envases y promover la reutilización y la economía circular.
Las empresas de la cadena de producción y distribución alimentaria se han movido durante la tramitación de esta normativa para suavizarla, porque alertan de que su impacto económico puede ser millonario y, de hecho, el Parlamento Europeo (PE) aprobó una primera versión más diluida que la que había sobre la mesa.
La patronal española CEOE se sumó a esa movilización, en nombre de un millón de empresas españolas, y a las actuaciones ante las instituciones de la UE para pedir más tiempo y más flexibilidad.
La meta de las instituciones de la UE es que se cierre la normativa antes de las elecciones europeas de junio de 2024.
La decisión impactará en más 30.000 empresas de alimentación y bebidas, los 25.000 puntos de venta de alimentación e higiene y los más de 300.000 establecimientos de hostelería y restauración, según la asociación de gran consumo Aecoc.
La Comisión Europea (CE) propuso hace un año nuevas reglas para que todos los embalajes vendidos en la UE fueran reciclables y para reducir sus desechos en un 37 % en 2040 mediante la reutilización y el reciclaje.
Planteó que al cierre de 2030 los países garanticen que el 70 % del peso de cualquier resto de embalaje pueda reciclarse, con objetivos específicos para plástico (55 %), madera (30 %), aluminio (60 %), vidrio (75 %) y cartón o papel (85 %).
El Parlamento Europeo (PE) aprobó en noviembre una versión de la propuesta diluida, lo que algunos eurodiputados achacaron a la "presión" de la industria.
Su dictamen establecía la obligación de los países de reducir sus residuos en un 5 % para 2030, un 10 % para 2035 y un 15 % para 2040, objetivos que para el plástico se elevan al 10, 15 y 20 %, respectivamente.
El Consejo aprobará previsiblemente su posición el lunes, pero para la industria agroalimentaria y del envase española es más favorable la defendida por la Eurocámara, según ha declarado a Efe el director para Iberia de la Alianza para los Cartones de Alimentos y Bebidas (ACE), Emilio Oviedo.
ACE forma parte de una alianza de 11 organizaciones del sector agroalimentario -agricultores, industria y distribución- y de las industrias de papel y envases que suscribieron un manifiesto para reclamar a la presidencia española de la UE un reglamento más flexible.
La Eurocámara se hizo "cargo" de algunas demandas de la industria, con una posición "que sin ser perfecta estaba más equilibrada", ha añadido Oviedo.
Ha manifestado que el sector agroalimentario afronta la fase final de la negociación con mucho "interés" y aún sabiendo que el Consejo puede ir más allá de lo que ha aprobado inicialmente el PE.
Por su parte, Aecoc ha apoyado también la visión del PE y ha pedido que "las propuestas se fundamenten en análisis medioambientales y económicos y que no se opte por una solución generalizada".
Por ello, ha pedido a la presidencia española de la UE que fomente un apoyo a las exenciones específicas aprobadas por la Eurocámara, por ejemplo en la reutilización de envases de bebidas muy perecederas, los de contacto directo con alimentos y los de cartón.
Por su parte, la Federación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) ha apoyado otra decisión de la Eurocámara, por la que rechazó la obligatoriedad propuesta por Bruselas de la venta a granel en formatos por debajo de 1,5 kilos.
El nuevo reglamento podría costar como mínimo 23.000 millones de euros a los sectores de la hostelería y a la distribución alimentaria, con un gasto entre 50.000 y 150.000 euros por tienda, según los cálculos de la patronal de supermercados Asedas, integrada en las 11 organizaciones del manifiesto.
Según un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), obligatoriedad de un sistema de retornables en España tendría un impacto de hasta 5.000 millones.
Oviedo ha apuntado que el sistema de reciclaje español es uno de los más eficientes del mundo y que cualquier modificación del régimen actual lo pone en riesgo.
