MADRID (EFE). El Gobierno y las comunidades autónomas se han comprometido este jueves a que en 2026 ningún menor de seis años tutelado por las administraciones viva en centros de acogida residencial y a que antes de 2031 tampoco lo hagan los menores de diez años.
Es una de las medidas recogidas en el Plan de Acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia, al que ha dado luz verde, por unanimidad, la Conferencia Extraordinaria conjunta de Igualdad, Infancia y Adolescencia, celebrada de forma telemática y presidida por las ministras del ramo, Ione Belarra e Irene Montero.
El objetivo del plan aprobado por Gobierno y autonomías es prevenir la explotación sexual contra la infancia y adolescencia tutelada o acogida por las administraciones, mejorar la atención a las víctimas, y reforzar estructuralmente al sistema de protección para prevenir que se produzcan en un futuro.
Los dos ministerios decidieron reunir a los responsables autonómicos de políticas de igualdad y protección a la infancia tras la sucesión de denuncias sobre abusos sexuales a menores tuteladas en centros públicos, primero en Baleares y la Comunitat Valenciana y después en la Comunidad de Madrid.
En declaraciones a los medios tras la reunión, los secretarios de Estado de Igualdad y de Derechos Sociales, Ángela Rodríguez y Nacho Álvarez, respectivamente, han calificado de "buenísima noticia" el haber llegado a un acuerdo en esta materia tras meses de trabajo.
Este plan de choque se basa en varios principios de intervención: el enfoque de género, ya que en este tipo de violencia las menores son un "blanco de preferencia para los abusadores, proxenetas o explotadores"; la coordinación institucional; la atención individualizada de carácter terapéutico; y el acogimiento familiar como alternativa habitacional frente al centro residencial.
Según los últimos datos disponibles, en 2020, el número de menores cuya guarda o tutela estaba en manos del sistema público de protección a la infancia era de 35.883: 18.892 (el 53 %) vivían en acogimiento familiar, y 16.991 (un 47%) se encontraban en acogimiento residencial.
Y del total de menores en acogimiento residencial un tercio son niñas (5.666 niñas o chicas adolescentes) y un 6% (1.030) tiene alguna discapacidad.
Las medidas del plan están dirigidas por un lado a reducir a corto plazo la incidencia de la explotación sexual en los centros de acogida pero también a llevar a cabo, a medio y largo plazo, "modificaciones estructurales" del sistema de protección dirigidas para solventar las debilidades del sistema que impiden prevenir este tipo de violencia.
A corto plazo, el Plan contempla la formación especializada a todos los trabajadores de los alrededor de 1.300 centros que hay en las comunidades.
Asimismo incluye algunas de las herramientas contempladas en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia como la elaboración de un protocolo contra la explotación sexual en los centros, y una guía que le acompañará de actuación, detección, notificación y derivación de casos.
Esta guía comprenderá, entre otros, un catálogo común de indicios e indicadores para la detección de víctimas, pautas concretas sobre notificación y derivación de casos y un procedimiento de intervención coordinada que garantice la recuperación de las víctimas.
Se crearán servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, que se pondrán en marcha en el primer semestre de este año, según el plan.
El Gobierno y comunidades consideran que la mejor forma de proteger a las niñas vulnerables de las redes de explotación es que crezcan en familias o "en recursos pequeños, flexibles y que permiten un seguimiento personalizado" y por ello propone que antes de 2026 las instituciones se comprometan a que "ningún niño o niña menor de 6 años en situación de guarda o tutela por las Entidades Públicas de Protección a la Infancia viva en recurso residencial".
Y que "antes de 2031, ningún niño o niña menor de 10 años vivirá en un centro residencial", para ello, el Ministerio de Derechos Sociales se compromete a elaborar un estudio sobre "los cuellos de botella" que están impidiendo "el despegue" del acogimiento familiar.
En 2020, el número de menores atendidos por el sistema público de protección a la infancia era de 49.171 (50.272 el año anterior), según los últimos datos del Ministerio que dirige Belarra.
Álvarez ha señalado que este compromiso de fortalecer las redes de acogida familiar requiere de un impulso de financiación que emanará del fondo europeo social plus relativo a la garantía infantil.
Al mismo tiempo, ha señalado Álvarez, su Ministerio ya tiene una línea de financiación con las comunidades vinculada al uso de los fondos europeos para impulsar las redes de acogimiento familiar que evite el paso de los menores por los centros de acogida.
De hecho, el Plan también prevé el desarrollo y despliegue del acogimiento familiar de "dedicación exclusiva".
Incluye un "sistema de monitoreo" de la calidad de la transición a la vida adulta de los menores y el desarrollo de un protocolo de actuación para todas las comunidades ante la desaparición y fuga, que articule el sistema de protección, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Fiscalía; y que cuente con un formulario único de notificación de casos de desaparición.
Asimismo, contempla la reducción antes de 2031 del número medio de plazas por centros hasta 15 en todo el territorio y transformación progresiva de los centros de más de 30 plazas, "ya sea cerrándose o convirtiéndolos en centros de protección con hogares independientes".