El Gobierno retrasa la cotización de los becarios hasta el 1 de enero de 2024

MURCIA. (EP) La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno retrasará la entrada en vigor de la de la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación. Esta moratoria había sido solicitada por los rectores aunque los sindicatos están en contra.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado a Europa Press que la entrada en vigor se retrasa del 1 de octubre de 2023 al 1 de enero de 2024.

"Retrasamos la entrada en vigor de la cotización de las prácticas", ha señalado este martes la ministra durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministerio de Inclusión añade que, dado que las prácticas formativas suelen hacerse en el segundo o tercer trimestre de los cursos, la nueva fecha no afectará negativamente a los alumnos y permitirá, además, facilitar los trabajos técnicos de adaptación de los centros formativos.

En todo caso, asegura que esta medida, acordada en el diálogo social y recogida en el último bloque de la reforma de pensiones, es "muy relevante" para los estudiantes ya que "permitirá su inclusión en la Seguridad Social desde el primer momento de su vida profesional, independientemente de que las prácticas sean o no remuneradas".

Asimismo, asegura que será "a coste prácticamente cero" ya que se prevén bonificaciones del 95% al 97%. Por otra parte, añade que se ha ampliado de 2 a 5 años los convenios especiales para poder computar como cotizados períodos de prácticas realizadas con anterioridad.

La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno incluía que, a partir de octubre, se integrarían en la Seguridad Social los alumnos que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación o que realicen prácticas académicas externas.

Comisiones Obreras y UGT han criticado la decisión del Ejecutivo de posponer la entrada en vigor de la cotización de las prácticas no laborables en España, algo que consideran un "incumplimiento de compromisos básicos contraídos por el Gobierno con las personas jóvenes".

"Supone un incumplimiento flagrante de los compromisos contraídos en el diálogo social y aprobados y ratificados por las Cortes Generales para que los jóvenes que dedican tiempo a formarse y a cualificarse puedan tener una mayor productividad después en el mundo laboral", ha advertido el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.

Para el sindicato, esta moratoria en la cotización de las prácticas "supone una cesión inaceptable a presiones de autoridades académicas y educativas que, de manera desgraciada, de manera lamentable, vienen intentando evitar este nuevo derecho por razones injustificables".

"No hay razones económicas, no hay razones de gestión que deban o que justifiquen una medida de estas características. El propósito final es el de intentar que el nuevo Gobierno de España, sea este cual sea, no cumpla con el compromiso contraído y aprobado y por tanto permitir que este nuevo derecho se elimine", ha lamentado Bravo, que ha emplazado a todos los partidos políticos a que "garanticen el cumplimiento de este derecho".

Los sindicatos, en un comunicado conjunto, han recordado que el derecho a la cotización por las prácticas no laborales se implantó en España en 2011 para las prácticas que tenían algún tipo de compensación económica, lo que ha permitido que en esta última década "en torno a 80.000 jóvenes acrediten mensualmente cotizaciones a la Seguridad Social".

La reivindicación de UGT y CCOO de extender ese derecho a todas las prácticas no laborales, se ha visto reconocida en el Acuerdo de Pensiones de 1 de julio de 2021 y concretada en el Real Decreto Ley 2/2023, ratificado por las Cortes, e incorporado ya como derecho en la Disposición Adicional 52ª de la Ley General de Seguridad Social, con entrada en vigor prevista para el 1 de octubre de 2023.

Los sindicatos consideran que el impacto de esta medida "es muy importante", ya que beneficiaría a 970.000 estudiantes de Formación profesional y más 1.200.000 estudiantes universitarios en sus distintas fases, lo que supone "multiplicar varias veces la cifra de cotizaciones mensuales para jóvenes estudiantes en el futuro, reconociendo con ello también por esta vía, su rendimiento académico y su esfuerzo formativo para la mejor y más productiva incorporación al empleo".

"El coste de estas medidas es ridículo. Se ha aprobado bonificar estas cotizaciones al 95%, lo que significa cotizaciones inferiores a los 10 euros mensuales en todos los casos", concluyen CCOO y UGT.