MADRID. (EP) El Ministerio de Hacienda ha dispuesto un crédito de 1.900 millones de euros con cargo al fondo de contingencia para hacer frente a una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el canon hidráulico que aprobó el anterior Gobierno del PP, obligando al Ejecutivo a restituir a las eléctricas todo lo cobrado por ese concepto.
Así lo ha avanzando la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que también ha prorrogado las rebajas de impuesto en la factura de la luz hasta el 30 de abril de 2022.
A principios de año, el Tribunal Supremo anuló la retroactividad del canon hidráulico de 2013 y 2014, que el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy impuso a las eléctricas en 2015 por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.
El Tribunal falló sobre varios recursos contencioso-administrativos presentados por Acciona o Endesa, estimando en parte las demandas contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.
En concreto, el canon por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica que el Ejecutivo del PP impuso ascendía inicialmente al 22%, aunque fue elevado posteriormente al 25,5%.
Este canon se sumó a los tributos creados en el marco de la reforma eléctrica abordada por el anterior Gobierno, en la que también figuraba el impuesto del 7% a la generación, y cuya recaudación tenía por fin hacer frente al déficit sistema eléctrico.
Este es precisamente el impuesto que se ha suspendido este año para limitar el impacto del incremento de los precios de la electricidad sobre las empresas, en este caso hasta el próximo 31 de marzo de 2022, aunque en ningún caso se elimina.
La devolución de los 1.900 millones de euros por el pago del canon hidráulico no afectará a la factura eléctrica de los consumidores, ya que corresponderá al Tesoro Público, de quien depende las confederaciones de la cuencas hidrográficas, por lo que sí afectará a las cuentas públicas y al déficit.