El Gobierno destina 4.420 millones de los fondos europeos a la rehabilitación residencial y vivienda social

MADRID. (EP) El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley para regular los programas de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para el que se destinarán 4.420 millones de euros con cargo a los fondos europeos.

Esos 4.420 millones de euros incluyen 450 millones de euros destinados a financiar incentivos fiscales a la rehabilitación. Del monto total aprobado, 3.420 millones se destinarán a las inversiones del programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, mientras que los 1.000 millones restantes irán dirigidos al programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recordado en un comunicado que estas inversiones forman parte del proceso de 'Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana', parte del PRTR, dotado con 6.820 millones de euros.

El Real Decreto aprobado este martes cuenta con cinco programas de rehabilitación y uno para impulsar la construcción de vivienda de alquiler social.

El primero de los programas de rehabilitación se centra en las actuaciones barriales y su intención es financiar rehabilitación de edificios dentro de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), siempre que se haga con la intención de reducir al menos de un 30% del consumo de energía primaria.

Los fondos de este programa también podrán emplearse en la urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico, o la prestación de servicios de oficina de rehabilitación.

La cuantía máxima por vivienda puede ascender hasta los 21.400 euros y se condiciona al ahorro energético final de la actuación, desde al 40% hasta el 80%. Sin embargo, será total si los propietarios o usufructuarios cumplen el criterio de vulnerabilidad económica o social.

El segundo programa aprobado en el Real Decreto se dirige a las oficinas de rehabilitación, para financiar el servicio "ventanilla única".

El programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, el tercero de este Real Decreto, subvencionará obras de rehabilitación en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética. Tendrán prioridad edificios residenciales y viviendas unifamiliares que obtengan una reducción de consumo de energía primaria no renovable del edificio igual o superior al 30%.

En este caso, las subvenciones podrán alcanzar los 18.800 euros por vivienda, en función del ahorro energético, y podrá ser del 100% de la actuación si se cumple el criterio social de vulnerabilidad.

El cuarto programa de este Real Decreto se centrará en fomentar la mejora de la eficiencia energética de viviendas. El monto de la subvención será del 40% de la actuación, con un límite de 3.000 euros por vivienda y se aplicará a través de las convocatorias públicas de las comunidades autónomas.

El coste mínimo de estas intervenciones en las viviendas debe ser igual o superior a 1.000 euros y contempla acciones para reducir la demanda energética al menos un 7%, reducir el consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%, o modificar o sustituir elementos constructivos en la fachada adecuados al Código Técnico de la Edificación.

Por último, el Real Decreto regula el programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación. En este caso, está dirigido a edificios finalizados antes del año 2000 y que se utilicen predominantemente como vivienda.

Las ayudas de este quinto programa oscilarán entre los 3.500 euros por libro del edificio existente y los 30.000 euros por proyecto de rehabilitación.

Este Real Decreto incluye un sexto programa, aunque este dedicado a la construcción de vivienda de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Los fondos financiarán, por al menos 50 años, el incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes que se destinen al alquiler social o a precio asequible.

Podrán beneficiarse las viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública o rehabilitación de edificios públicos destinados a otros usos. Para acceder a las ayudas, se deberá garantizar un consumo de energía primaria no renovable, como mínimo, inferior en un 20% a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.

Los fondos, con un total de 1.151 millones de euros, se transferirán a las comunidades autónomas, así como a Ceuta y Melilla, una vez aprobado el Real Decreto, y el reparto será de acuerdo a lo acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo del pasado 21 de julio. A principios de 2022, se transferirán los fondos relativos al programa de construcción de vivienda social, acordados en la misma Conferencia y en función de la dotación establecida en los Presupuestos Generales del Estado.