El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de evaluación de políticas públicas, con una nueva agencia estatal

MADRID. (EP) El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, con el objetivo de fortalecer, sistematizar y dar estabilidad al proceso de análisis de las diversas políticas puestas en marcha por el Estado.

La aprobación de esta norma, que hoy se ha presentado al Consejo de Ministros en primera vuelta, constituye uno de los hitos del Componente 11 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, relativo al refuerzo del sistema de evaluación de las políticas públicas.

Esta ley, que el Ejecutivo pretende tramitar por la vía de urgencia, tiene como objetivo implantar y fortalecer una organización básica para poder llevar a cabo ese análisis en el ámbito de la Administración General del Estado, según ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de un comunicado.

Los principales elementos que contempla la nueva norma son el establecimiento de un mecanismo de planificación estable de evaluación para toda la Administración General del Estado, para lo cual se diseñará un sistema de indicadores comunes. Además, se pretende reforzar la evaluación 'ex ante', previo a la aprobación de las políticas públicas, y se quiere emplear los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas.

Se pretende fomentar, asimismo, una cultura evaluadora en el conjunto de la Administración, propiciando un cambio en los paradigmas al integrar la evaluación de políticas públicas como herramienta de mejora, rendición de cuentas y transparencia.

Además, la nueva ley contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar y supervisar el sistema público de evaluación

La norma, que ahora inicia el trámite de consultas, aprobará los conceptos y características generales en evaluabilidad y evaluación de políticas públicas, ya sea 'ex ante', intermedia o 'ex post'. En concreto, se introduce un enfoque transversal, integral y participativo en las evaluaciones de políticas públicas y refuerza las evaluaciones 'ex ante' a través de dos elementos.

En primero de ellos es la incorporación del análisis de evaluabilidad previo a la aprobación de las políticas públicas, con el fin de mejorar la calidad de su formulación y la existencia de los elementos necesarios para abordar con efectividad una posterior evaluación. El segundo es el establecimiento de obligaciones de planificación de evaluación para determinadas políticas públicas por razón de su relevancia o duración.

Para lograr los objetivos de la norma, se contempla la creación de un sistema de indicadores comunes para acometer dichos procesos de seguimiento de las políticas, aplicable a la Administración General del Estado y que sirva de referencia para cualquier organismo o administración pública.

Asimismo, la norma permitirá diseñar una estructura organizativa para la gobernanza de la práctica evaluadora, así como definir los procesos, sistema de recogida de datos e indicadores y la planificación básica en materia evaluadora en la Administración General del Estado.

En ese sentido, con carácter general, la evaluación de políticas públicas se realizará por un equipo externo al órgano responsable de la política pública a evaluar. Además, la ley contempla el diseño de planes específicos de formación en evaluación de políticas públicas para los empleados públicos.

Esta norma también establece cómo se llevará a cabo la evaluación de las políticas públicas a nivel estatal. De esta forma, se establecen dos instrumentos. Por un lado, el Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, de carácter cuatrienal y que será aprobado por parte del Consejo de Ministros tras su elaboración por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas.

Por otra parte, habrá un Plan de Evaluación departamental, elaborado por cada Ministerio. Este tendrá una periodicidad bienal y contempla tanto la obligación de evaluación 'ex ante' y 'ex post' de las políticas de relevancia para cada departamento; y la obligación de efectuar una evaluación intermedia en las políticas que duren cuatro años o más. Este Plan departamental será aprobado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, tras su presentación a la Comisión Superior de Evaluación.

Una de las medidas principales que contempla esta norma es la creación de la citada Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, organismo público, que se encargará de supervisar, coordinar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales.

Esta agencia se encargará de diseñar dos herramientas clave para avanzar en los procesos digitales de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier acción pública.

Esas dos herramientas serán un servicio web común para todos los Departamentos y el diseño de un portal temático sobre evaluación, en el que se incluirá el portal de comunicación institucional, y que se constituirá como nodo digital de la red de expertos, y de renovación y refuerzo de los procedimientos y sistemas tradicionales de coordinación e intercambio.

El Ministerio de Hacienda ha informado de que, además, se pondrán en marcha unidades de coordinación departamentales, encargadas de coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades de evaluación de políticas públicas de cada Ministerio.

Para fomentar la coordinación entre las diferentes carteras del Gobierno se creará la Comisión Superior de Evaluación, un órgano colegiado interministerial de cooperación y participación en la Administración General del Estado.

Asimismo, se propiciará la participación de la sociedad civil mediante la creación de un Consejo General de Evaluación, donde entidades, organizaciones y asociaciones ayudarán al fomento de la cultura evaluadora.