Foto: EPMADRID (EP). La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que la nueva Ley de Función Pública de la Administración General del Estado entrará en vigor a lo largo del año 2022, para completar el marco normativo del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 (EBEP).
Esta nueva ley irá en cumplimiento con la construcción de un modelo de empleo público profesional, productivo, eficaz e incentivado, según ha detallado en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados.
La ministra ha explicado que esta norma desarrollará el EBEP en torno a cuatro ejes: la revitalización de los instrumentos de planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos; la garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso, así como la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos; el establecimiento de garantías básicas de la carrera profesional, vertical y horizontal, y de la formación; y el desarrollo de la figura del directivo público profesional.
Esta Ley también tendrá como principio la igualdad de género y el fomento de la diversidad, con medidas como la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de selección; el incentivo de la promoción interna en cuerpos y escalas en los que haya infrarrepresentación femenina; y actuaciones para que cada vez más mujeres ocupen puestos de responsabilidad.
La ministra también ha recordado que su cartera sigue trabajando en la elaboración de un real decreto ley que regule el teletrabajo dentro de la función pública, con el objetivo de que esté aprobado en diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero de 2022.
Lo que se pretende, según la ministra, es incentivar que haya empleados públicos en lugar de residencia en riesgo de despoblación sin que repercuta la calidad de la prestación del servicio público. Esta iniciativa nace después de la experiencia con la pandemia, que ha dejado aprendizajes para el buen impulso de este decreto, según Montero.
La ministra también ha destacado el impulso de la evaluación de políticas públicas, que ve "imprescindible" para la mejora de la calidad de la Administración. De esta manera, ha explicado que en 2022 se aprobará la Ley de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas y ha anunciado también que en 2023 se creará un nuevo organismo encargado de realizar la valoración de las medidas que adopten los gobiernos.
