MADRID (EFE). El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el próximo martes un nuevo paquete de medidas con el objetivo de amortiguar la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, una situación que se mantiene en el tiempo y que ha provocado que esta semana se hayan vuelto a registrar varios máximos históricos. Entre las opciones que baraja el Ejecutivo para frenar la escalada del precio de la luz se encuentran una posible nueva rebaja fiscal, la revisión de la tarifa regulada o PVPC para que no esté tan expuesta a las oscilaciones del mercado mayorista y obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales.
Sobre la fiscalidad eléctrica, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró el pasado miércoles en el Senado que el Gobierno barajaba "retocar, aunque sea de manera provisional", algunos elementos fiscales. Una de las opciones que se maneja es eliminar temporalmente el impuesto a la electricidad, que grava el recibo de la luz con un 5,11 %, y que se sumaría a la rebaja del IVA del 21 % al 10 % y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (7 %) hasta finales de año. En este sentido, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aseguraron esta misma semana que eliminar este impuesto es un requisito "indispensable" para que el Gobierno pueda cumplir con su compromiso de que la factura eléctrica a finales de este año sea similar a la de 2018.
Otra de las actuaciones que el Ejecutivo podría llevar a cabo consistiría en revisar la tarifa regulada o PVPC, a la que están acogidos cerca de 11 millones de consumidores, introduciendo ciertos mecanismos para que la factura final no esté tan expuesta a las variaciones de los precios en el mercado mayorista de la electricidad. Los clientes que cuentan con la tarifa regulada, históricamente más barata que el mercado libre según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), son los que están sufriendo en primera persona el alza del precio de la luz, que el viernes marcó un nuevo máximo histórico tras alcanzar los 152,32 euros por megavatio hora (MWh).
Adicionalmente, el Gobierno tiene la intención de obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales a través de mecanismos "alternativos" compatibles con el derecho comunitario, para evitar posibles batallas legales o arbitrajes internacionales. Según Ribera, se crearán mecanismos de mercado "alternativos" compatibles con el derecho comunitario para que las empresas con un "peso importante" en el sector deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales "a un precio fijado por subasta".
Como la Comisión Europea prohíbe fijar precios de determinas tecnologías, como pide Unidas Podemos en el caso de las energías hidráulica y nuclear, el Gobierno piensa poner en marcha subastas en las que las distintas tecnologías vendan su producción al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales. Además, se incluirían mecanismos de control para evitar que las malas prácticas de algunas compañías hidroeléctricas, que venden su producción cuando los precios de mercado están más altos para maximizar sus beneficios, afecte al bolsillo de los consumidores. En esta línea, la vicepresidenta Nadia Calviño ya advirtió el lunes a las energéticas de que el Gobierno utilizará "todos los instrumentos legales" para terminar con las malas prácticas de aquellas empresas concesionarias en el ámbito hidroeléctrico.
Pensando en el medio y largo plazo, el Gobierno también ha puesto en marcha ya varias medidas con el objetivo de llevar a cabo una reforma estructural del sistema energético español hacia un modelo más sostenible y que esté sustentado, en su gran mayoría, por tecnologías renovables. Así, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció el miércoles la convocatoria para el 19 de octubre de una nueva subasta de 3.000 MW renovables, de energía eólica y fotovoltaica, con plazos acelerados. En la nueva subasta energética, toda la potencia adjudicada deberá estar operativa antes del 30 de junio de 2024, salvo un cupo de 600 MW que tendrá que estar en funcionamiento no más tarde del 30 de septiembre de 2022.
En el ámbito legislativo, el Gobierno ha presentado dos proyectos de ley, uno para sacar del recibo de la luz las primas a las renovables a través del llamado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y otro para minorar los conocidos como "beneficios caídos del cielo" de hidráulicas, nucleares y eólicas anteriores a 2003, que reducirán la factura eléctrica en un 15 %.