MADRID (EP). La primera parte de la reforma del sistema público de pensiones ya incluye el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), consistente en una subida de cotizaciones temporal, y se someterá a votación en la Comisión de Trabajo del Congreso el próximo lunes 22 de noviembre.
Así lo ha decidido este viernes la ponencia de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso en su primera y última reunión, dando así carpetazo a los trabajos de discusión de esta reforma en apenas una sola sesión.
Y es que tras la constitución de la ponencia este miércoles, los grupos del Gobierno han introducido varios cambios en la reforma pactados con socios y otros partidos, y dejado lista la reforma para someterla a votación en la Comisión.
Aunque la comisión tenía competencia legislativa plena, el Congreso aprobó, a propuesta de ERC, que la reforma se sometiese a un último debate en el Pleno del Congreso, que dispondrá de la última palabra sobre esta reforma y las enmiendas que queden vivas.
En la reforma, según han informado a Europa Press varias fuentes de la Comisión, ya se incluye el conocido como mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), consistente en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos durante diez años a partir de 2023. Esta medida es la alternativa al recorte en la cuantía de la pensión que suponía el factor de sostenibilidad de la anterior reformad el PP, en 2013.
El plan del Gobierno pasaba por introducir este cambio a través de una enmienda en esta reforma, ya que el acuerdo alcanzado con sindicatos y patronales en verano daba al Gobierno de margen hasta el 15 de noviembre para buscar una fórmula consensuada.
El PSOE no registró enmiendas al proyecto y Unidas Podemos retiró las suyas, pero PSOE y Unidas Podemos llegaron a la Comisión con una enmienda transaccional a partir de propuestas de Esquerra Republicana y EH-Bildu.
No es la única enmienda incluida antes de la Comisión, ya que también se ha aprobado otra para ampliar el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho, extendiéndola además a todos los supuestos en los que la persona beneficiaria no tenga reconocida el derecho a otra pensión contributiva.
Para sacar adelante, el Gobierno confía en contar con el apoyo o el aval de socios como el PNV, Esquerra Republicana o EH-Bildu, formaciones estas últimas que habían exigido la realización de una auditoría de los gastos impropios asumidos por la Seguridad Social y el sistema público de pensiones ajenos a las pensiones contributiva, una factura en la que explican los números hoy deficitarios del sistema.
Finalmente, según la enmienda transaccional a la que ha tenido acceso Europa Press, la reforma de pensiones incluirá un mandato al Gobierno para que en el plazo de seis meses remita a la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo un informe para cuantificar todos los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva y su financiación desde 1980.
En la enmienda se refleja que este informe pondrá particular atención a los conceptos identificados como gastos impropios y a financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado, como beneficios de regímenes y colectivos específicos, el reconocimiento de pensiones anticipadas donde no se haya previsto cotización adicional y reducciones en la cotización.
