El Congreso convalidará la norma que da derecho al paro a empleadas del hogar

MADRID (EFE). El Congreso de los Diputados convalidará el real decreto de las empleadas del hogar, que "repara la discriminación histórica" de este colectivo, equiparando sus condiciones laborales con las del resto de trabajadores y dotándolas de protección por desempleo.

A falta de la votación que se llevará a cabo este jueves al final del pleno en el Congreso de los Diputados, los grupos han manifestado mayoritariamente su intención de convalidar el decreto de empleadas del hogar, pero también de que se tramite como proyecto de ley.

La norma otorga a las empleadas del hogar desde el próximo 1 de octubre ese derecho a percibir la prestación por desempleo, al tiempo que mejora su protección frente al despido por desistimiento.

Durante su intervención, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta norma viene a corregir el ordenamiento laboral que permitía la existencia de "trabajadores de segunda".

Porque las empleadas del hogar son "las vulnerables entre las vulnerables", porque además de mujeres, ha dicho, son mayoritariamente migrantes y asumen un trabajo de cuidados que permite sostener el empleo de numerosas familias.

Díaz ha recordado además que con este decreto se recuperan los derechos laborales y corrige la discriminación indirecta por razón de sexo que reclamó a España la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al tiempo que se cumple con el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La norma reconoce la prestación por desempleo a las trabajadoras del hogar, para solventar "una discriminación flagrante", estableciendo una nueva cotización por desempleo y para el Fogasa, que estarán bonificadas al 80 %.

Para los empleadores, en su mayoría familias, la nueva cotización por desempleo quedará fijada en un tipo del 6 % (del que el empleador asume el 5 % y el trabajador el 1 %) y el 0,2 % para el Fogasa.

En el caso de las cotizaciones sociales, la norma establece una reducción mínima del 20 % que se podrá ampliar según tipo de familia, niveles de renta y patrimonio, algo que queda pendiente a un posterior desarrollo reglamentario.

Además, elimina la figura del desistimiento o despido libre (con 12 días por año trabajado), ya que a partir de ahora deberá concurrir "justa causa", como el cambio de circunstancias esenciales en la unidad familiar o la pérdida de confianza, "siempre argumentada desde la racionalidad y proporcionalidad", ha asegurado.

Buena norma, pero llega tarde y deja fuera a las irregulares

Los grupos parlamentarios en general han valorado una norma que era necesaria, pero han considerado que llega tarde y requiere de otros cambios normativos para que no se quede sin protección las trabajadoras que no están dadas de alta, en muchos casos, por su situación irregular.

Así, desde Bildu, la CUP y ERC han valorado los avances conseguidos con esta norma pero han señalado a la necesidad de cambios en la ley de extranjería que "actúa de yugo" con estas trabajadoras.

Los grupos han pedido también mayoritariamente que se tramite como proyecto de ley para que puedan introducirse mejoras.

En concreto, grupos como Ciudadanos o PdeCat han pedido que se clarifiquen los cambios que la norma aplicará sobre las reducciones y bonificaciones en las cotizaciones sociales para las familias numerosas.

Este punto ha sido criticado duramente por Vox, en tanto que el PP ha anunciado ya la presentación de una enmienda para modificarlo y que las familias numerosas no tengan que asumir mayores costes en cotizaciones sociales.

Desde el PSOE han dejado claro que con la norma no se pierde la bonificación en las cotizaciones sociales para familias numerosas y han apuntado que cotizar a la Seguridad Social y por desempleo "no es un gasto, es proteger a la parte trabajadora pero también a los empleadores, a las familias".