El Congreso avala la prórroga de rebajas fiscales a la luz e incentivos al autoconsumo y puntos de recarga

MURCIA. (EP) El Pleno del Congreso ha convalidado este martes el decreto ley que prorroga las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad para contener la escalada en la factura de la luz y una batería de medidas en materia energética para el fomento del autoconsumo, incentivos a los puntos de recarga o flexibilidades para la industria consumidora de gas.

En vigor desde su publicación en el BOE, el pasado 21 de diciembre, como cada decreto debe someterse a votación en el Congreso en el plazo de un mes para ser convalidado o, en caso de no contar con apoyos, ser derogado.

Además de PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno ha contado con los votos de Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís, el PRC, Coalición Canaria y Teruel Existe. Se han abstenido el PP, Vox, la CUP, UPN y el BNG, mientras que Foro Asturias ha votado en contra.

Asimismo, los grupos han aprobado tramitar el decreto como proyecto de ley, abriendo la posibilidad de introducir cambios en la Cámara Baja a través de enmiendas.

En su intervención, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cifrado en unos 2.000 millones de euros el coste en recaudación para el Estado que supone la prórroga de rebajas fiscales.

Más de la mitad será para las compañías eléctricas, ya que la suspensión hasta el 31 de marzo del impuesto sobre la producción al 7% tiene un coste estimado de unos 1.050 millones, mientras que la rebaja del IVA del 21% al 10%, y del impuesto especial eléctrico, del 5,11% al 0,5%, ambas prorrogadas durante los cuatro primeros meses del año, se queda en 459 millones y 467 millones, respectivamente.

Ribera ha insistido en que, hasta el momento, al Gobierno no le "satisface" la respuesta que ha encontrado a nivel europeo: "No nos conformamos que la solución dependa del tamaño del bolsillo, el presupuesto y la capacidad fiscal de los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros", ha dicho, defendiendo la necesidad de contar con "soluciones compartidas por todos".

Sin embargo, varios socios del Gobierno han urgido a la vicepresidenta a combatir la escalada actuando sobre los ingresos de las grandes empresas del sector eléctrico, y "abordar el exceso de beneficios del oligopolio eléctrico", como ha señalado Inés Sabanés (Más País), mientras que Oskar Matute, de Bildu, ha dicho que sin decisiones "más audaces", la ciudadanía seguirá "cautiva" de las decisiones de las grandes empresas.

11.000 euros al minuto, ha calculado Albert Botrán, de la CUP, es lo que se embolsan las grandes empresas, a partir de los beneficios récord en el primer semestre del año de Iberdrola (1.500 millones), Endesa (832 millones) y Naturgy (484 millones), y frente a ello "racanean" los 200 millones del bono social, un importe que equivale a las ganancias netas en apenas dos semanas, ha dicho.

Joan Capdevila, de ERC, le ha recordado que la propia Ley de Cambio Climático, ya en vigor, obliga al Gobierno a presentar antes de mayo una reforma energética de la que aún no hay noticia, y ha lamentado que los avances del Gobierno se hacen "con piernas demasiado cortas", instando a abrir el mercado energético a los consumidores.

Hasta el PP ha reprochado al Gobierno que, frente a las nuevas exigencias a empresas concesionarias de estaciones de servicio y aparcamientos para instalar puntos de recarga, el Gobierno adjudica 525 millones en ayudas directas para las grandes eléctricas, con cargo a los fondos europeos y también de aumento de costes fijos, por lo que ha anticipado un aumento de la factura eléctrica.

Así, el 'popular' Juan Diego Requena ha acusado a los grupos de Gobierno y sus socios de ser los "primeros cómplices" del oligopolio eléctrico, pues en sus medidas detecta "el pago de subvenciones a los grandes intereses eléctricos" y no cree que responda "al interés general".