El CGPJ no logra pactar sus dos magistrados al TC y aleja la posibilidad de hacerlo en plazo

MADRID (EP). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha logrado llegar a un acuerdo sobre los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le compete nombrar, ya que el Pleno extraordinario celebrado este jueves con este objetivo ha servido únicamente para que los vocales fijen las "reglas del juego", tal y como proponía el ala conservadora, lo que dificulta que se cumpla el plazo legal para realizar estos nombramientos, que expira el 13 de septiembre.

Tras casi cuatro horas de reunión, receso incluido, los vocales han establecido las normas de convocatoria, propuesta y votación. Según el texto del acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, la convocatoria del Pleno para elegir los dos magistrados del TC tendrá lugar cuando lo acuerde el presidente, Carlos Lesmes, por propia iniciativa o cuando lo soliciten al menos cinco vocales y será ya cuando haya dos candidatos, aunque una vez convocado se podrán proponer otros.

Los vocales podrán votar un máximo de dos candidatos en cada votación y se tendrá por realizada la designación cuando los aspirantes consigan los doce votos necesarios, ya sea de manera simultánea o sucesiva.

En el caso de que ningún candidato obtenga el número suficiente de votos, esa circunstancia no impedirá que en las sesiones sucesivas del Pleno se puedan proponer los mismos candidatos.

Lesmes convocó este Pleno en el mes de julio exhortando a los 18 vocales que lo componen actualmente a alcanzar un acuerdo sobre las dos personas que debe proponer el CGPJ para reemplazar a los cuatro magistrados del TC cuyo mandato venció el 12 de junio.

Pese a que el objetivo formal era ese, que hubiera fumata blanca este jueves, la realidad es que había pocas probabilidades de que se consiguiera, ya que el denominado sector conservador del CGPJ había advertido de que no hablaría de candidatos hasta que se establecieran las normas para la propuesta y votación.

Este 'núcleo duro' también había avisado de que se tenían que respetar "los tiempos de decisión del Consejo", anticipando con ello que no percibían el 13 de septiembre como una fecha límite, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Lesmes, en declaraciones a la prensa durante el acto de apertura del año judicial, ya apuntó que en este Pleno se colocarían los cimientos. Aunque insistió en que era posible designar a los magistrados del TC en plazo, auguró que sería difícil, si bien al mismo tiempo afirmó que no debería demorarse más allá de septiembre.

Amenaza de bloqueo

El Gobierno señaló el 13 de septiembre en la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al CGPJ su poder para hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial pero solo para designar a sus dos aspirantes al TC, manteniendo la limitación de funciones para el resto de nominaciones, lo que generó "desafección" en el Consejo, conforme ha reconocido el propio Lesmes.

El malestar entre el sector conservador alcanzó tales cotas que algunos de sus vocales habían planteado la posibilidad de no alcanzar acuerdo ninguno sobre el Tribunal Constitucional, bloqueando con ello su renovación parcial, como una forma de aumentar la presión para lograr un nuevo CGPJ, ya que este caducó en diciembre de 2018.

El problema de fondo es que si el CGPJ no propone sus dos magistrados no está claro que el Constitucional pueda renovarse. La Carta Magna indica que el TC debe refrescarse por tercios y el que venció el 12 de junio es el que corresponde a CGPJ y Gobierno. Las fuentes jurídicas preguntadas por esta agencia de noticias arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos designados por el Ejecutivo puedan tomar posesión del cargo sin el concurso de la otra mitad: la del CGPJ.

No obstante, Lesmes alertó el lunes de que no permitiría "un CGPJ en rebeldía", recalcando que el nombramiento de los dos magistrados del TC es una obligación que la Constitución impone al Consejo. Y, el martes por la noche, la facción conservadora celebró una reunión informal en la que pactó una postura común que pasa por "defender en todo caso la institucionalidad", es decir, alcanzar "acuerdos debidamente consensuados".

Para realizar este nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial debe conquistar una mayoría de tres quintos, lo que se traduce en doce vocales. Eso significa que, además de los llamados progresistas -donde ahora mismo se pueden contar ocho votos-, cuatro conservadores deben apoyar a los dos aspirantes decantados.