FOTO: EUROPA PRESSMADRID (EP). El acuerdo alcanzado por el Gobierno con ERC para la futura Ley Audiovisual reservará un mínimo anual de 15 millones de euros para la producción de películas y series en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales, según los detalles avanzados por ERC.
La formación independentista asegura que, con este acuerdo, que ha permitido dar luz verde a la tramitación de los Presupuestos en el Senado, "todas las plataformas que operan en España, incluso las que tengan su sede en el extranjero como Netflix, HBO o Disney Plus, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán, por una vía o por otra.
Así, cada año se destinarán un mínimo 15 millones de euros a la producción en catalán y en el resto de lenguas oficiales, lo que significa un 15% del 70% de la producción total que España exige a todas las plataformas (incluida las radicadas en el extranjero) a través del artículo 117 del anteproyecto, que establece la obligación de destinar el 5% de los beneficios a producciones europeas. Esta medida se recogerá en la ley y así no dependerá cada año de los presupuestos.
Paralelamente, se creará un fondo de doblaje y subtitulado que las plataformas tendrán que incorporar en sus catálogos. De este modo, y a través de una ley, cualquiera de las series de éxitos de las plataformas internacionales se deberá doblar al catalán, aunque quien lo pagará será el Estado y no las plataformas.
Paralelamente, ERC se asegura de que el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) es el órgano responsable de dirimir los conflictos en doblajes con las plataformas y tendrá capacidad sancionadora con las plataformas catalanas.
Según la formación independentista, otro punto del acuerdo garantizará que el 6% del catálogo mundial será en catalán, ya que se añadirán cuotas del catalán allí donde hasta ahora solo había para el castellano. Si la ley del Gobierno busca atraer plataformas a España, tendrán que cumplir con esas cuotas. Y las plataformas españolas, como Movistar o Atresmedia, ya tendrán que garantizar que un 6% de su catálogo sea en catalán.
Igualmente, se incorpora a la ley la lengua de signos catalana y se garantiza que el mínimo del 15% de la producción de televisión lineal pública sea en catalán, euskera o gallego, lo que, según ERC, implicará más ingresos para la producción audiovisual en lengua catalana.
Estos puntos se añaden a lo que el Gobierno y ERC pactaron hace semanas para establecer cuotas sobre la oferta en el catálogo de las plataformas: distribuir la obra europea ofrecida obligatoriamente en un 40% para las lenguas cooficiales y 60% para el castellano.
Para el partido de Oriol Junqueras, Pere Aragonès y Gabriel Rufián, esto supondrá que, de toda la oferta europea disponible, un 20% de las producciones serán en catalán, euskera o gallego. "O dicho de otro modo, una de cada 5 obras europeas disponibles será en catalán, lo que representa un 6% de la oferta mundial del catálogo", inciden.
Aquel primer acuerdo se rompió al asumir el Gobierno que no podía imponer cuotas a las plataformas con sede en el extranjero, pero ahora ERC entiende que "con el blindaje de la producción en catalán y el incremento de las aportaciones estatales para el doblaje, Esquerra Republicana mejora ampliamente la propuesta inicial de la ley audiovisual para recoger las demandas del sector audiovisual catalán, que no recogían ninguna aportación ni consideración inicialmente en defensa de la lengua catalana".
A todo esto se añade el acuerdo que ERC alcanzó en la negociación de los Presupuestos para la creación de fondos de hasta 10,5 millones de euros para incentivar la creación de contenidos audiovisuales en lenguas cooficiales diferentes del castellano. Aun así, la formación independentista cree que se trata de un "primer paso" para proteger el catalán y prometen seguir trabajando para conseguir que las plataformas vayan asumiendo compromisos, en línea con lo que hace el Govern en Cataluña.
El acuerdo en torno a la ley audiovisual garantiza al Gobierno la aprobación sin sobresaltos de los Presupuestos Generales, ya que ERC retirar las enmiendas que había presentado en la Cámara Alta para forzar al Ejecutivo a renegociar.
En la negociación de los PGE, ERC ya había cerrado medidas como la jubilación de los Mossos a los 60 años --que se ratificará en la próxima reunión bilateral y se pondrá en marcha antes de abril de 2022--, un aumento de las inversiones hasta el 19%, o la supresión de la partida inicialmente prevista para las reformas de mejora de las instalaciones de la Jefatura de Policía de Vía Laietana, que los independentistas quieren cerrar.
