Foto: Eduardo Sanz / Europa PressMURCIA. El Tribunal de Cuentas ha urgido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a dotar de más plantilla y renovar los medios técnicos de los laboratorios que se encargan de realizar el control analítico oficial de productos agroalimentarios en cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional, tras constatar que en estos falta el 19% de la plantilla y el 63% de los equipos tienen una antigüedad superior a los diez años.
Es la principal conclusión a la que el organismo ha llegado en su informe de fiscalización del Programa 413A "Competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria", en los ejercicios de 2021 y 2022.
El organismo ha analizado el diseño, la gestión y el cumplimento de los objetivos del programa, cuyo objetivo pasa por convertir a España en un referente alimentario mundial, promoviendo un modelo de industria basado en la sostenibilidad en su triple dimensión económica, social y medioambiental.
En lo que respecta al diseño del programa, el informe fiscalizador concluye que su denominación es "obsoleta" y "no se corresponde con sus objetivos", actualmente dirigidos a la sostenibilidad y calidad alimentaria, al haberse trasladado el peso de las actuaciones de fomento de la competitividad a otros programas del departamento que lidera Luis Planas.
También se expone, dice el informe, la carencia en este ministerio de un marco estratégico en materia de alimentación, lo que ha motivado una recomendación de este Tribunal.
En el ámbito de la gestión del programa, el informe pone el foco en las deficiencias detectadas en la administración de los laboratorios agroalimentarios, que prestan un servicio de control oficial de los alimentos en coordinación con los laboratorios de las comunidades autónomas.
El informe observa que la mayoría de sus servicios se prestan gratuitamente a las comunidades autónomas sin la cobertura de convenios, y en las prestaciones a entidades privadas se aplican precios "desfasados" que apenas representan el 1% del coste de funcionamiento estimado necesario para la prestación del servicio.
Por otro lado, el Tribunal refleja deficiencias en el diseño de la programación, pues no existen indicadores de resultados que permitan concluir la efectividad del programa. No obstante, la institución a través de mediciones alternativas, valora de forma positiva la interlocución existente entre la Dirección General de Alimentación, el sector agroalimentario y la UE y la buena coordinación en los controles de calidad alimentaria de las comunidades autónomas.
Por el contrario, se señalan como ineficaces las actuaciones destinadas a lograr que la industria agroalimentaria asuma el Código de Buenas Prácticas Mercantiles previsto en la Ley de la Cadena Alimentaria. Tampoco son eficaces, dice el documento, las ayudas destinadas para que las cooperativas se agrupen más allá de sus comunidades autónomas siguiendo las recomendaciones de la UE.
El informe concluye que los resultados del programa son positivos en varias líneas de actuación, destacándose la efectividad de las campañas de publicidad alimentaria, el crecimiento de la producción de alimentos ecológicos y la disminución del desperdicio alimentario.
No obstante, también advierte que la distribución de gastos del programa no está alineada con el cambio de modelo en la producción alimentaria. Así, se destina el 56% de los recursos financieros al objetivo de promoción alimentaria y sólo el 2% al de apoyo a la producción ecológica, a las indicaciones de calidad diferenciada y a la reducción del desperdicio alimentario, siendo estos los ejes básicos en el modelo alimentario promovido por la UE.
