Foto: C.LUJÁN/EPMURCIA (EP). El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos presentados por Vox y el PP contra la nueva ley del aborto y la conocida como 'ley trans', respectivamente, según ha informado la corte de garantías tras el Pleno celebrado este martes.
Los de Santiago Abascal impugnaron la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo al considerar que vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, y los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica.
La ley, del pasado febrero, supuso devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de contar con permiso paterno, aspecto sobre el que el TC no se pronunció al resolver el recurso 'popular' contra la ley del aborto de 2010, porque el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió ese artículo en 2015.
Fue el pasado mes de mayo cuando la corte de garantías resolvió dicho recurso, uno de los más antiguos, rechazando las tesis del PP y consagrando la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de la mujer a decidir "sin coerción".
Los magistrados también han acordado dar entrada al recurso del PP contra la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, después de que el pasado mayo ya admitieran a trámite la impugnación de Vox a esta misma norma.
El PP alega que la 'ley trans' podría lesionar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, libre desarrollo de la personalidad --en relación con el derecho a la integridad física-- o el de protección de la infancia previsto en los acuerdos internacionales sobre la materia, así como el derecho a la igualdad.
Los magistrados también han decidido que sea el Pleno quien asuma el estudio de los recursos presentados por los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros condenados por el 'caso ERE', para que sea el Pleno de la corte de garantías quien asuma su estudio.
La Sala Segunda acordó la semana pasada admitir los recursos de los ERE, al considerar que en estos momentos "no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas".
Señaló además que "el asunto trasciende del caso concreto, debido a que plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y que tiene unas consecuencias políticas generales".
