Viviendas en una de las playas de La Manga. Foto de archivo: Marcial Guillén (EFE)MURCIA. Los fenómenos climatológicos extremos están siendo utilizados por los fanáticos medioambientalistas para justificar la necesidad de una nueva gobernanza que imponga a los ciudadanos su manera de vivir. En lugar de incorporar estrategias de lucha para afrontar el riesgo climático, se opta por no hacer nada y limitar las libertades individuales.
Con el pretexto de que el planeta está en riesgo por la insaciable voracidad humana que esquilma los recursos naturales, se pretenden restringir las actividades que han hecho posible el progreso de la humanidad: agricultura, turismo, ganadería, industria, transporte, …. Se dice que es necesario actuar porque el ser humano no es capaz de proteger su entorno ni a sí mismo.
Este es el caso de la zona de litoral que periódicamente sufre los embates de una climatología agresiva. Una costa, singularmente la mediterránea e insular, en la que durante años se ha basado el desarrollo económico de nuestro país gracias a su atractivo turístico y la mejora de la capacidad adquisitiva de los españoles.
Como consecuencia de la anulación del Reglamento General de Costas, se están promoviendo acciones para solicitar la devolución de los terrenos expropiados en la costa. Para evitar las reclamaciones y poder continuar con los procesos expropiatorios el Ministerio para la Transición Ecológica ha preparado un nuevo texto que permita convalidar y en su caso ampliar lo previsto en el Reglamento anulado.
El litoral mediterráneo, referente para una gran parte de la población europea y pulmón vacacional para la clase media española, se ve amenazado por una nueva normativa del Ministerio de Transición Ecológica que permite modificar las actuales zonas de afección del dominio público marítimo.
En los últimos años, miles de pequeños propietarios de las zonas cercanas a la costa se sienten desprotegidos ante el avance natural del mar y la pasividad de las autoridades para hacerles frente. No se acometen infraestructuras para impedir el avance del mar y proteger las propiedades en primera línea; mientras que países como Holanda, Estados Unidos, Emiratos Árabes, etc. utilizan la tecnología más avanzada para proteger sus costas y propiedades.
Esta situación está creando una enorme alarma social en toda la costa y la oposición del sector turístico. La Mesa de Turismo de Baleares ha indicado que la nueva propuesta podría suponer "un expolio de facto de los establecimientos ubicados en la línea de costa, tanto hoteles como restaurantes, bares y otros negocios". En este sentido, gobiernos autonómicos, ayuntamientos y partidos políticos también están manifestando su inquietud y oposición a lo que plantea el ministerio.
En la costa murciana más 400 familias pueden perder sus viviendas como consecuencia de la ausencia de infraestructuras adecuadas para hacer frente a los cambios de la morfología de las playas. Es el caso de las viviendas que el Estado pretende incautar ante la desesperación de los propietarios y que hasta ahora se encontraban fuera del dominio público marítimo en Los Nietos, Puntas de Calnegre, Playa de Nares de Mazarrón y Playa de Levante de Cabo de Palos.
El avance del mar y los efectos climatológicos extremos en el litoral pueden mitigarse con modernas y avanzadas infraestructuras que permitan proteger las propiedades y actividades de la zona cercana a la costa. La política de expropiación y demolición no asegura la adecuada protección ambiental, mientras que un buen uso de los avances científico-tecnológicos permiten la adaptación al clima y salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
Ante el avance del mar no hay porqué perder la propiedad. Con tecnología e infraestructuras se puede proteger el litoral y recuperar la tranquilidad y seguridad jurídica de las personas.
Miguel Ángel Cámara Botía
