TORREVIEJA. El PSOE de Torrevieja ha salido al pasado del anuncio del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de que el Plan VIVE con el que pretende construir 10.000 viviendas sociales (VPO). Tras este anuncio, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, comunicaba que participaría en dicho plan cediendo suelo en el sector de La Hoya para que la Generalitat construyese 600 viviendas sociales. La portavoz socialista Bárbara Soler, por su parte, ha afirmado que el Plan Parcial de la Hoya siempre ha contado con la proyección de dichas viviendas y fue aprobado definitivamente en 2021, después de varios años de tramitación, por lo que el anuncio de Mazón y Dolón "no es más que una pantomima con la que pretenden atribuirse la construcción de viviendas sociales".
La portavoz socialista ha recordado que la zona donde se ubicarán esas viviendas ya está siendo urbanizada y se construirán próximamente, tal y como estaba previsto, "con y sin Plan VIVE" y ha manifestado que "si todas las viviendas que planea construir Mazón parten del mismo punto que las de Torrevieja, no va a tener que hacer mucho esfuerzo porque ya son una realidad".
Soler ha aprovechado para recordar al Presidente de la Generalitat que existe abundante normativa jurídica, tanto autonómica como estatal, que permite "poner en marcha paquetes de medidas en materia de vivienda que son indispensables para que las familias puedan tener acceso a una vivienda asequible y que los jóvenes puedan independizarse". Esto es particularmente importante en Torrevieja, en palabras de la portavoz, donde el precio de compra y alquiler de vivienda se ha multiplicado en los últimos años y sigue en aumento.
Es una realidad que, en algunos municipios, se ha construido "por encima de lo aconsejable". Para Soler, "la oferta de viviendas sociales es una necesidad y hay que construirlas allí donde hacen falta, pero la prioridad de la Generalitat debería ser conseguir habitar la enorme cantidad de viviendas vacías con las que cuentan municipios como Torrevieja, y más teniendo en cuenta que existe un Decreto-Ley que permite a la administración autonómica la compra de vivienda vacía para destinarla a fines sociales, promoviendo un desarrollo sostenible y sin tener que seguir construyendo y favoreciendo siempre a los mismos".