Foto: CLAUDIA ALBA/EPMURCIA (EP). El PP y sus alcaldes han criticado este domingo las "políticas intervencionistas" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido un "cambio de rumbo" en materia de vivienda y la puesta en marcha de "medidas excepcionales", dado que, a su entender, es un "problema de Estado". Entre sus propuestas, aparte de comprometerse a movilizar suelo público para facilitar la construcción de vivienda, proponen programas de alquiler a precios asequibles, fomento del alquiler con opción a compra y bonificaciones fiscales específicas.
"Nuestro Plan Urgente de Vivienda y una Ley reformista son las respuestas necesarias al problema de la vivienda, con especial atención a jóvenes y familias", asegura el PP en las conclusiones de la XXVII Intermunicipal que la formación ha celebrado en Valladolid este fin de semana con alrededor de 2.000 alcaldes y concejales del partido.
Precisamente este domingo, en el marco del 41º Congreso Federal del PSOE, el presidente del Gobierno ha anunciado que el Ejecutivo creará una "gran" empresa pública de vivienda, que se encargará de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado (AGE).
El PP ha señalado que "mientras el Gobierno ha aplicado políticas intervencionistas que han estrangulado la vivienda y los ciudadanos aún están esperando las 183.000 viviendas prometidas", los cargos de su partido trabajan para que "se construya más vivienda libre y protegida acompañada al ritmo de creación de hogares en España".
Según el PP la vivienda se ha convertido "en un problema de Estado, dada la enorme dificultad de acceder a ella por la escasez de oferta, la intervención del mercado y la protección de los okupas". Por eso, considera que "necesita un cambio de rumbo y medidas excepcionales".
"El mercado de la vivienda está roto. No hay casas para alquilar, los precios no dejan de subir y la confianza de los ciudadanos se desmorona", señala el PP, que añade que el "Plan Urgente de Vivienda" del PP y "una Ley reformista son las respuestas necesarias al problema de la vivienda, con especial atención a jóvenes y familias".
El PP asegura que en la Intermunicipal del PP han "escuchado a los alcaldes exponiendo programas para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias, desde la puesta a disposición de suelo público, la construcción de vivienda a precios asequibles y programas de alquiler con opción a compra o incentivos fiscales".
A nivel nacional, prosigue, el PP propone "extender estas medidas, incluyendo programas de alquiler a precios asequibles, adaptados a jóvenes y familias; fomento del alquiler con opción a compra, permitiendo que los inquilinos descuenten un porcentaje de lo abonado para adquirir la vivienda; e incentivos y bonificaciones fiscales específicas para jóvenes y familias con hijos a cargo.
Además, el PP expresa su defensa de la propiedad privada y destaca que "cada año se producen entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas relacionados con la ocupación ilegal, dejando desprotegidos a los propietarios, en su mayoría pequeños ahorradores", al tiempo que genera "problemas de convivencia vecinal e inseguridad en los barrios".
En este sentido, el PP exige "el desbloqueo de la Ley Antiokupación", ya que, según añade, la presidenta del Congreso "está impidiendo desde febrero de 2024 la continuación de su tramitación iniciada en el Senado".
Esa norma, señala el PP, supone desalojo en 24 horas, imposibilidad de empadronarse en el domicilio que se ocupa, e incremento de las penas de quienes ocupan ilegalmente y para quienes promuevan o faciliten la ocupación.
En su documento, los alcaldes del PP se comprometen a "movilizar suelo público para facilitar la construcción de vivienda". "Es necesario movilizar suelo municipal destinado a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible", explica.
Es más, indica que, dada la "situación de emergencia", "han de movilizarse parcelas de titularidad pública de carácter dotacional que los planteamientos hubieran destinado a dotaciones y equipamientos que no hayan cumplido su función y lleven tiempo vacantes, para que puedan servir también a una finalidad pública como es la oferta de vivienda asequible".
El PP apuesta por "favorecer la construcción de vivienda desde lo público y lo privado, y también con fórmulas de colaboración público-privada, cediendo los ayuntamientos suelo a operadores privados para que promuevan la edificación y gestión de los inmuebles, bajo un sistema de alquiler asequible".
Además, el PP indica que el medio rural "necesita revitalizar su parque de vivienda y que sirva también de incentivo para mantener la vida en los pueblos y frenar la despoblación". "Es necesario optimizar los recursos existentes tanto de titularidad pública, como privada", señala en sus conclusiones, que ha recogido Europa Press.
