El PP pedirá en el Congreso un cambio de requisitos para que las ayudas lleguen a los autónomos

MURCIA (EFE). El PP planteará el próximo martes en el pleno del Congreso de los Diputados el cambio de los requisitos para que autónomos y pymes puedan acceder a los 7.000 millones en ayudas directas a la solvencia del Gobierno central aprobados hace seis meses, de los que no ha gastado ni la mitad, según ese partido.

Su portavoz en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha detallado en un acto del PP en La Alberca de las Torres que si se usara todo el dinero se lograría salvar la cuarta parte de esos negocios, por lo que su propuesta incluye que se puedan acoger a esas ayudas los que tuvieron pérdidas en 2019, "lo que no significaba que no tuvieran solvencia".

También "los que durante 2020 no pudieron pagar las cotizaciones a la Seguridad Social o los impuestos por la situación a la que se vieron forzadas por la pandemia de coronavirus y los que no se endeudaron con bancos pero acudieron a sus patrimonios personales para hacer frente a los gastos extraordinarios", ha añadido.

Se ha vuelto a referir a la subida del precio de la electricidad de más del 270 %, lo que no solo afecta a las economías domésticas, sino también a las empresas, "colas de españoles que se quedan atrás porque no funciona ninguna de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha, que solo sirven para que este recaude más de 3.000 millones en impuestos en el último año".

Ha recordado las reformas legislativas planteadas por el PP para bajar el precio del recibo un 20 % con la eliminación del impuesto a la producción energética y la contemplación en los presupuestos generales del Estado de las partidas que no tengan que ver con los costes de la energía consumida.

También que lo que recauda el Gobierno con el canon de emisión de CO2 vaya directamente a amortiguar el precio de las facturas y que el IVA eléctrico quede en el 10 % para siembre, lo que supondría 9.000 millones con la aplicación de estas cuatro medidas, según sus cálculos.

"Hay que desenmascarar a los trileros, al mentiroso profesional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con propuestas que te quitan de un sitio para ponértelo en otro, la última, la de hacerlo en el recibo de la luz pero que al final te sube en el de otros combustibles como la gasolina que familias y empresas tienen la obligación de consumir, con lo que la cuenta queda igual", ha dicho.

Por otro lado, en el vigésimo aniversario del atentado terrorista del 11S en Estados Unidos ha tenido palabras de "recuerdo a las miles de personas que fallecieron y a sus familias y a quienes en las guerras posteriores que se desataron dejaron sus vidas en defensa de los valores de la democracia, la libertad y la convivencia, que en España entendemos muy bien tras la experiencia de ETA".

Al estar en Murcia, ha defendido la reforma del sistema de financiación autonómicas, unas infraestructuras "de primera, sin cortes en el ferrocarril", y soluciones para el Mar Menor después de que transcurridos 20 días de la visita de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no haya "ni una medida encima de la mesa ni se deje que el Gobierno autonómico las tome".

Por su parte, el presidente del partido y del Gobierno en la comunidad murciana, Fernando López Miras, ha insistido en este último asunto al recordar que sigue sin respuesta de ese ministerio para avanzar en los convenios en los que le propone que el Ejecutivo regional se haga cargo de los gastos y las obras del colector norte y la desnitrificadora previstos en el plan de eliminación de vertidos al Mar Menor, de la limpieza de fangos, lodos y secos y de la recuperación de calado de la gola de Marchamalo.

En lo que ha considerado acto de apertura del curso político, ha dicho que seguirá luchando por el trasvase Tajo-Segura y el cambio del sistema financiación autonómica y contra los impuestos a la electricidad y el modelo educativo que quiere imponer el Gobierno central, pues "no puede ser que se pase de curso sin aprobar".

Se refería al proyecto de real decreto por el que se regulará la evaluación y promoción en educación primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional que elabora el Ejecutivo español y que ha sido sometido durante el mes de julio a consulta pública.

Establece que las decisiones sobre promoción y evaluación de secundaria serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente, sin que sea obligatorio realizar una prueba extraordinaria o examen de recuperación de las materias no superadas.