El PP despliega su amplio poder en las autonomías y en el Senado en contra de la amnistía

MURCIA (EFE). El PP exhibirá el amplio poder del que goza en las autonomías -gobierna en doce- y su mayoría absoluta en el Senado al llevar este jueves a los presidentes autonómicos a la Cámara Alta -entre ellos, el de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón- para rechazar la amnistía y los posibles pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán y EH Bildu.

La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado será además el escenario en el que el PP podrá censurar cualquier posible trato de favor a Cataluña y a País Vasco a cambio de la investidura, máxime cuando es competencia de este órgano recabar información de los acuerdos bilaterales o multilaterales en aspectos fiscales.

El Senado ha hecho un llamamiento a todos los presidentes autonómicos "para debatir sobre la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles, y de solidaridad entre las Comunidades Autónomas".

En la práctica, solo se espera que acudan los presidentes del PP y el vicepresidente de Canarias, el popular Manuel Domínguez, en quien ha delegado su representación Fernando Clavijo (Coalición Canaria).

No asistirán, y no están obligados a hacerlo, los dirigentes socialistas de Asturias y Navarra, que además no delegarán en otros miembros de su Gobierno. El PP no espera tampoco que acuda el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aunque desde su Gobierno no adelantan quién intervendrá.

No estará ni delegará su representación el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu y tampoco se espera al president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, aunque el Govern no ha decidido ni comunicado quién intervendrá.

El artículo 56 del reglamento del Senado da también posibilidad de asistir al Gobierno, pero tampoco el Ejecutivo ha adelantado si enviará a algún representante a esta Cámara.

Lo que es seguro es que por el Senado desfilarán los pesos pesados del PP como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El plan es que estén los barones populares casi al completo.

Ya han confirmado que acudirán los nuevos presidentes de Comunitat Valenciana, Aragón o Cantabria y los dirigentes de la Región de Murcia, Castilla y León y Galicia; prevé asistir también Marga Prohens (Baleares) mientras que el riojano Gonzalo Capellán está pendiente de cuadrar la agenda al coincidir la convocatoria con un pleno regional.

Todos ellos harán frente común contra la amnistía y los pactos de Sánchez con Alberto Núñez Feijóo, que el jueves no acudirá al Senado, dándole todo el protagonismo a sus barones.

Con esta iniciativa, el PP emplea su mayoría absoluta en el Senado para ejercer de contrapoder al Congreso, donde la derecha está en minoría, e incide en su oposición institucional a los pactos de Sánchez, tras salir a la calle en dos ocasiones y mostrarse Feijóo dispuesto a volver a hacerlo.

La estrategia se completa con el anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía, que también tendrá eco autonómico porque presidentes como el murciano, Fernando López Miras, ya han adelantado que acudirán al Tribunal al Constitucional.

En los últimos días, los populares han dejado que sea Sánchez, sus negociaciones, y las críticas que suscitan, incluidos los abucheos y gritos de "Que te vote Txapote" o "Puigdemont, a prisión", quienes protagonicen la actualidad.

El PP ha acompañado este clima de denuncias por la "indignidad" del diálogo con sus posibles socios. Denuncian que llame a un político a quien él mismo indultó -el líder de ERC, Oriol Junqueras- y el "pacto de la vergüenza" al reunirse con EH Bildu, al tiempo que dan por hecho que Sánchez contactará con Carles Puigdemont, líder de Junts y huido de la Justicia.

El Senado dará oportunidad al PP de reeditar estos reproches con un coro de casi una docena de voces. En la comisión pueden tomar la palabra además los portavoces de los distintos grupos y los senadores designados por los parlamentos regionales.

Además, la Comisión General de Comunidades Autónomas tiene potestad de "proponer a los poderes públicos recomendaciones sobre cuestiones de su competencia" y mociones al Pleno del Senado, un trampolín autonómico para que el PP provoque que la Cámara Alta vuelva a rechazar de manera simbólica la amnistía.