MURCIA. Comienzan los trabajos para realizar un plan estratégico contra la economía sumergida en la Región de Murcia (PECES). El Plan contemplará medidas destinadas a paliar los efectos adversos de la economía sumergida que permitan reducir la economía irregular, aumentar la formalización del empleo, mejorar la recaudación fiscal, incrementar la competitividad empresarial, mejorar la calidad del empleo y mayor equidad en la carga tributaria.
Entre los efectos de la economía sumergida está realizar actividades económicas ilegales, que no están registradas ni reguladas por las autoridades y cuyos ingresos generados no contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB) oficial; conlleva evasión fiscal, porque al no estar declaradas no están sujetas a impuestos; generan competencia desleal, ya que ofrecen productos o servicios a precios más bajos al evadir costes como impuestos y regulaciones; y a menudo implica empleo no declarado o precario.
El consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, presidió este lunes la primera reunión para la elaboración del Plan, en la que participaron agentes sociales, representantes de la patronal y organismos e instituciones implicadas en este asunto como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, con el fin de colaborar en esta iniciativa.
El consejero destacó que “combatir la economía irregular es esencial para fomentar una economía más transparente y equitativa, donde todas las actividades económicas se registren y se graven adecuadamente”.
El Gobierno regional ya trabaja en este ámbito y, en colaboración con el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, encargó a la Universidad de Murcia un proyecto de investigación para analizar la situación actual de la Región y valorar la dimensión y efectos de la economía sumergida. El estudio, cuya finalización está prevista en las próximas semanas, permitirá conocer datos reales sobre el estado de la economía sumergida en la Región, qué sectores son los más afectados, el impacto económico real, así como identificar las principales causas.
Marín recordó “la limitación de competencias de la Administración regional, ya que no tenemos control de actividades vinculadas a la economía sumergida como las competencias sobre tributos estatales (IVA o regímenes de estimación…), sobre la Seguridad Social, ni sobre el mercado de trabajo. No podemos realizar inspecciones en todos estos ámbitos que es donde se encuentra el grueso de la economía sumergida, pero podemos coordinar e impulsar, con campañas de publicidad, denunciar, y colaborar con quienes tienen esas competencias”.
La reunión estuvo presidida por el consejero Víctor Marín, y contó con la asistencia de la secretaria general de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, Sonia Carrillo; el delegado especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Alfonso del Moral; el director territorial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, Fernando Vélez; el secretario general de la Croem, Ramón Avilés; el secretario general de CCOO, Santiago Navarro; y el secretario general de UGT, Antonio Jiménez.