MURCIA. La Iglesia llama la atención al PP y Vox por el uso de sus discursos hacia los inmigrantes. La Delegación de Migraciones de la Diócesis de Cartagena ha emitido un duro comunicado para censurar el contenido de dos declaraciones pronunciadas este mes en la Región de Murcia. En concreto, el texto afea las palabras del líder regional de Vox, José Ángel Antelo, del pasado 6 de septiembre, en las que "vinculaba inmigración con inseguridad ciudadana" y "señalaba a la población inmigrante como responsable del deterioro de las ciudades y pueblos". Y también recrimina las preguntas parlamentarias de los diputados y senadores del PP dirigidas el pasado 9 de septiembre al Gobierno de España porque estaban cargadas, según la Diócesis, de "inexactitudes" que "fortalecen "las falacias de los discurso de odio contra los inmigrantes" con la "única intencionalidad de obtener rédito político".
No obstante, tras la polvareda levantada por esta posición de la Delegación de Migraciones, el titular de la Diócesis, el obispo José Manuel Lorca Planes, ha emitido su propio comunicado para matizar que "es un error señalar a personas o instituciones como causantes de este problema [de la inmigración]", ya que entiende que "es responsabilidad de todos los ciudadanos y de todas las instituciones, pues "no se trata de buscar culpables, sino soluciones". Es decir, el obispo se desmarca del delegado de Migraciones a la hora de señalar con nombres y apellidos a los partidos y sus responsables, si bien sí deja claro que "no pueden dar la espalda" al problema de la inmigración y reconoce que es "un tema muy dramático y complejo que lleva a la urgente ayuda humanitaria".
¿Qué había planteado la Delegación de Migraciones, que depende del Obispado de Cartagena? Había reflexionado "con profunda tristeza" cómo "instituciones gubernamentales, ciertos grupos y líderes políticos, y algunos de los principales poderes fácticos (medios de comunicación, lobbies, etc) están normalizando, con mucha osadía y total impunidad, peligrosos idearios al difundir y legitimar discursos de odio que atentan, directa y especialmente, contra uno de los grupos de personas más vulnerables: los de origen inmigrante". A su juicio, la respuesta de la sociedad "no puede ser el desprecio" y la respuesta como comunidad cristiana "no puede ser la impasibilidad".
La Delegación analiza los dos casos concretos de los políticos murcianos. Por un lado, carga contra Antelo por sus "calumniosas declaraciones" del 6 septiembre. Aquel día acudió al antiguo hotel Señora María de San Pedro del Pinatar y declaró que "hay ONG que se han convertido en los barcos de negreros del siglo XXI". También denunciaba que el hotel era "víctima" de "la inseguridad generada por la inmigración ilegal". Migración, en cambio, considera que el dirigente "criminalizó la admirable y necesaria labor de las ONG que trabajan con población inmigrante con el objetivo de acompañar y ejercer la responsabilidad subsidiaria de promover la hospitalidad debida a la promoción del bien común desde la sociedad civil". Y califica sus palabras como una "grotesca arenga carente de humanidad, empatía, compasión y veracidad".
Por otro lado, Migraciones recrimina las preguntas registradas en las Cortes Generales por senadores y diputados del PP regional dirigidas al Gobierno de España, a quien exigen conocer "el número real de inmigrantes irregulares que están llegado llegando a nuestra comunidad autónoma". El senador Francisco Bernabé, que compareció el pasado 9 de septiembre ante los medios para detallar el contenido de las preguntas, acusaba al Ejecutivo central de "irresponsabilidad" por "fomentar el efecto llamada e incumplir la Ley de Extranjería". Y añadía: "Desde el Partido Popular exigimos que se cumpla la norma como hacíamos nosotros cuando gobernábamos, incluyendo la deportación inmediata y automática de aquellos inmigrantes que cometen delitos en nuestro país. Quien no acepte nuestras leyes no puede tener jamás cabida en España".
La Delegación de Migración, sin embargo, lamenta estas peticiones y "denuncia, enérgicamente y con mucho dolor, la amenaza que supone este discurso plagado de calumnias, engaños y medias verdades". A su parecer, estas actitudes "únicamente responden a exacerbar el miedo y el racismo más cruel", apuntan, am el Informe Anual 2023 sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en España presentado por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI). Por ello, condenan y rechazan "cualquier palabra o acción que esté dirigida a la discriminación de cualquier persona, principalmente de aquellas que pertenecen a los grupos más vulnerables".
En el texto reseñan además que queda "mucho que hacer como sociedad de acogida" y piden "poner en valor la aportación que recibimos de las personas migradas que han llegado a nuestro país en el ámbito económico, cultural y social". También exigen "revisar", desde su seguimiento de Jesús, "algunas de las prácticas institucionales que están haciendo muy difícil la vida de las personas migrantes y refugiadas: dificultad en la obtención de cita en oficinas de extranjería para peticiones de asilo y residencia; ocupación de los puestos de trabajo más precarios y peor pagados; accidentes laborales con resultado de muerte de trabajadores y trabajadoras; redadas racistas; internamiento en CIE; devoluciones en caliente…".
Por último, recuerdan unas palabras del papa Francisco: "Se necesita, por parte de todos, un cambio de actitud hacia los inmigrantes y los refugiados, el paso de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación —que, al final, corresponde a la 'cultura del rechazo'— a una actitud que ponga como fundamento la “cultura del encuentro”, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor. Desplegar las cuatro acciones necesarias para crecer en fraternidad y desarrollar la cultura del encuentro: acoger, promover, proteger e integrar es la respuesta ante un fenómeno tan complejo como son las 'migraciones no deseadas'".
También citan la Exhortación Pastoral "Comunidades Acogedoras y Misioneras" de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que dice: "El derecho a poder decidir en libertad si migrar o quedarse en el propio país requerirá también del concurso de las naciones y la buena gobernanza (...). En resumen, el derecho a no migrar se asegura en la medida en que cada país pueda trabajar global y honestamente, para garantizar condiciones de bienestar y desarrollo de sus propios ciudadanos". Y concluyen llamando a romper los discursos de odio que "deshumanizan y ser sembradores de amor, solidaridad y justicia para seguir construyendo el Reino de Dios".
Tras conocer la noticia, desde Vox respondieron que son "el único partido que realmente defiende los valores del catolicismo": "Frente a la cultura de la muerte, defendemos la cultura de la vida", esgrime la portavoz adjunta María José Ruiz, quien aduce que "Vox no dice que toda la inmigración sea delincuencia, pero hay datos que relacionan inmigración ilegal y delincuencia". Añade que Vox "un partido caritativo" y también "solidario", pero con "los vecinos que sufren la inseguridad en sus barrios, y que ven como sus barrios se van degradando cada vez más".
La diputada agrega que "todos los que hablan de un falso buenismo y una solidaridad malentendida luego nunca acaban sufriendo las consecuencias de las políticas multiculturales". Y apostilla que "casualmente, nunca se abren centros de acogida de inmigrantes cerca de las casas ni los barrios de los políticos o de los tertulianos que promueven la inmigración ilegal".