CARTAGENA. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha firmado una orden ministerial que declara la urgencia y excepcional interés público de las obras en el recinto del antiguo Hospital Naval de Tentegorra, permitiendo al ministerio realizar cualquier actuación sin licencia municipal.
Esta decisión se conoce después de que los técnicos de la Concejalía de Urbanismo hayan decidido que no se aprobarán las obras de ampliación del campamento de inmigrantes.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha expuesto esta situación en una junta de portavoces extraordinaria en la que el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, ha detallado los graves incumplimientos detectados, entre ellos la falta de seguridad contra incendios en las carpas instaladas y la ubicación del recinto en una zona inundable. Arroyo también ha informado de que el informe no vinculante solicitado por el ministerio ya ha sido elaborado por los técnicos municipales, quienes concluyen que estos proyectos son incompatibles con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El Ayuntamiento ha abierto dos expedientes sancionadores en los últimos meses tras comprobar que las reformas en el edificio, destinadas a habilitar 300 camas, y la instalación de carpas se realizaban sin autorización. Las obras no solo carecían de licencia, sino que además el uso residencial asignado es incompatible con el PGOU, que clasifica la parcela como “sistema general de equipamiento comunitario”, reservado para funciones de defensa y protección.
Esta situación se agrava al encontrarse el recinto dentro de la zona de policía de la Rambla de Canteras y en una zona inundable con un período de retorno de 500 años, lo que exige autorizaciones adicionales que no han sido presentadas. Además, las carpas instaladas no cumplen con los requisitos de resistencia al fuego establecidos en el Código Técnico de la Edificación, un incumplimiento especialmente grave dado el uso residencial público al que están destinadas.
Noelia Arroyo ha señalado que esta decisión del ministerio, que limita al Ayuntamiento a emitir un informe no vinculante sobre las actuaciones, demuestra la falta de sensibilidad hacia Cartagena, la única ciudad en España que recibe migrantes tanto en patera por sus costas como en aviones procedentes de Canarias. “Esto no es lógico ni justo”, afirmó, denunciando también el incumplimiento sistemático de los compromisos por parte del ministerio. Lo que comenzó como un campamento temporal para 600 personas ha superado ya el año de funcionamiento, con más de 1.000 residentes, generando una concentración excesiva que supone un riesgo para la convivencia y sobrecarga los servicios sociales municipales.
El Ayuntamiento ha insistido en que la gestión de los flujos migratorios debe ser equilibrada y respetar la capacidad de cada territorio. Por ello, Cartagena exige al ministerio que cumpla sus compromisos, reconsidere su decisión y garantice una distribución más equitativa de responsabilidades entre las distintas regiones. Mientras tanto, el consistorio continuará vigilando y actuando dentro de sus competencias para asegurar el cumplimiento de la legalidad en el recinto del antiguo Hospital Naval y proteger los intereses de la ciudad.
