El auto dice que los delitos por los que es investigado Valcárcel, especialmente, el de malversación de caudales públicos, pueden generar responsabilidades civiles para la comunidad autónoma
MURCIA (Efe). El juzgado de instrucción que investiga al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel en el caso de la desalinizadora de Escombreras ha dictado un auto en el que incorpora a la comunidad como posible responsable civil subsidiaria de los daños y perjuicios derivados de la construcción de la planta.
En un auto, el juez instructor ha advertido a la administración autonómica que podría ser declarada responsable civil subsidiaria de los daños y perjuicios derivados de la construcción de la misma si se prueban los delitos que se le atribuyen a Valcárcel.
Esta condición, que acaba de ser notificada a las partes, se une a la que ya ostentaba desde el pasado mes de febrero, cuando por medio de otra resolución se la tuvo por personada en las actuaciones como perjudicada.
Dice el auto que los delitos por los que es investigado Valcárcel, especialmente, el de malversación de caudales públicos, pueden generar responsabilidades civiles para la comunidad autónoma, atendiendo a que aquel pertenecía a la administración regional a la fecha de los hechos y a las funciones que tenía legalmente asignadas como máximo responsable del ejecutivo.
El juzgado ha recalcado que la intervención de la administración autonómica "abarcará todas las posiciones procesales legalmente posibles, siempre que las mismas se mantengan adecuadamente delimitadas y sin posiciones contradictorias".
Por otra parte, el juzgado ha desestimado la solicitud de la acusación popular, que pidió que se aplicara el detector de mentiras a Valcárcel durante su declaración como investigado, fijada para el próximo 16 de marzo, ya que no se trata de un medio de prueba regulado en el ordenamiento jurídico español ni se usa en ningún procedimiento.
Tampoco ha atendido una segunda petición de la misma acción popular, que pidió se llamara a declarar como testigo a Florentino Pérez, presidente de ACS, el grupo empresarial que construyó y explota la planta desalinizadora.
Se justifica esa decisión en que la misma “no sería necesaria ni útil” para el esclarecimiento de los hechos que se investigan en esta causa.
Finalmente, rechaza otra petición de la misma acusación, que pidió que la comunidad autónoma fuese llevada al proceso judicial como denunciada, junto con Ramón Luis Valcárcel.
En esta causa se trata de determinar si este investigado pudo incurrir en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones, como le atribuyó el fiscal en la denuncia que presentó el pasado julio.
Según la acusación estatal, como máximo mandatario regional, Valcárcel no pudo ser ajeno a las decisiones adoptadas para asumir la desalinizadora, que había surgido desde la iniciativa privada, en condiciones que considera perjudiciales para las arcas públicas.
