El juzgado declara en concurso de acreedores a la firma Smart Market, ubicada en el Polígono Oeste

MURCIA (EFE). El Juzgado de lo Mercantil número Tres de Murcia ha declarado en concurso voluntario abreviado de acreedores a la empresa Smart Market, S.L., ubicada en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla.

La resolución señala que también se ha acordado la apertura de la fase de liquidación de esta empresa, dedicada a los productos para el hogar.

A partir de ahora las facultades de administración y disposición de sus responsables pasarán a ser intervenidas por la administración concursal, labor que ha sido encomendada a la firma Convenia Profesional, de Madrid.

Los acreedores de la empresa que entra en concurso disponen del plazo de un mes para comunicar al administrador concursal el importe de sus créditos.

Se constituyó el 23 de diciembre de 1994 con un capital social de 12.020,00 euros. En fecha 4 de noviembre de 1996 se procedió a la adaptación de sus Estatutos Sociales a la Ley 2/1995, de 23 de marzo. En Junta General Extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2001, se acordó una ampliación de capital de 48.080,00 euros, resultando un nuevo capital social de 60.100,00 euros, dicho acuerdo se formalizó en escritura de fecha 27 de diciembre de 2001 En fecha 10 de marzo de 2016, el Socio Único decidió realizar una ampliación de capital mediante una aportación no dineraria por importe de 145.021,30 euros, resultando un nuevo capital social de 217.081.20 euros.

Una caída del 94% de la facturación en 2019

Las pérdidas registradas en el ejercicio 2019, el último del que se tienen datos fueron de 5,8 millones de euros y hubo una caída de hasta un 94% de su facturación (de los 9,2 millones de euros a los 4,7 millones de euros), según las cuentas anuales presentadas por la firma en el registro mercantil. 

Su caída, según justificaba la misma empresa se debió por una parte, del fuerte descenso de las ventas respecto del ejercicio. Adicionalmente, como consecuencia de la covid-19, a comienzos de 2020, el 100% de los proveedores chinos de la Sociedad cancelaron unilateralmente sus pedidos, así como los españoles paralizaron su producción. Además, la mayoría de los clientes de la Sociedad cerraron sus establecimientos, lo cual implica la no recepción de pedidos así como devolución o aplazamiento de pagos por parte de ellos.