MURCIA (EFE). El Juzgado de Instrucción de Murcia que abrió diligencias contra el ex presidente de la Comunidad Autónoma y ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, tras la denuncia de la fiscalía por su presunta participación en las decisiones tomadas para la construcción de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena), ha dado a este diez días de plazo para que se persone en las actuaciones.
El juzgado señala en la resolución que ese plazo comenzará a contar desde el momento en que Valcárcel reciba personalmente la denuncia, en la que el ministerio público señala que existen indicios de que pudo incurrir, presuntamente, en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones.
Fuentes cercanas a la investigación han señalado a Efe que una vez producida la personación, el juzgado llamará a declarar como investigado al exmandatario regional, como pidió la fiscalía en la denuncia, presentada el pasado mayo.
El fiscal tiene interesada así mismo la declaración de compleja de la causa y que se llame a declarar a cuatro testigos, entre ellos, el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita.
En la causa principal abierta en otro juzgado de Murcia por el proyecto y construcción de esta planta desalinizadora figuran como investigados, entre otros, el ex consejero de Agricultura y Agua del gobierno murciano Antonio Cerdá.
En ese proceso no se pudo incluir también como investigado a Valcárcel al cerrarse la investigación por el cumplimiento de los seis meses fijados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal como tope para la instrucción.
Tanto la Audiencia Provincial de Murcia como el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) consideraron que ese plazo era preclusivo, por lo que rebasado el mismo sin haber solicitado previamente la declaración de compleja de la causa no era posible practicar nuevas diligencias de investigación.
Ante esa situación, la fiscalía decidió presentar su denuncia contra el ex presidente del gobierno regional, que ahora se tramita de forma independiente de la causa principal en el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia.
El ministerio fiscal considera que de las actuaciones llevadas a cabo en la causa abierta con anterioridad en el otro órgano jurisdiccional se desprenden indicios de que Valcárcel no pudo ser ajeno al proyecto de construcción de la planta y al impulso dado al mismo desde el gobierno regional.
La acusación estatal sostiene que los acuerdos tomados por la administración regional para asumir un proyecto que surgió desde la iniciativa privada supusieron la aceptación de compromisos económicos con grave daño para los fondos públicos.
