MURCIA. Apenas cinco días después del juicio, ya hay sentencia. El titular del Juzgado de Primera Instancia 4 de Cartagena ha estimado de forma parcial la demanda interpuesta por los tres diputados expulsados por Vox, Juan José Liarte, Mábel Campuzano y Francisco José Carrera, lo que obliga a la readmisión de los tres al partido, según confirman fuentes judiciales.
El juez dicta en la sentencia que declara la vulneración de los derechos de asociación y participación pública de los artículos 22 y 23.1 CE, como consecuencia de la resolución dictada en fecha 23/06/2020 por el Comité de Garantías del partido demandado.
Declara, por tanto, la nulidad de dicha resolución y todas las que traigan causa de esta, así como la nulidad de la resolución de 1 de septiembre de 2020 por la que se convoca proceso para la elección de cargos del partido en la Región de Murcia -anula el proceso de primarias que ganó el actual presidente provincial, José Ángel Antelo- y de todas las que traigan causa de esta, obligando a Vox a reintegrar a los demandantes en su condición de afiliados del partido con todos los cargos y derechos que tenían antes de la resolución de expulsión, según destacan las mencionadas fuentes.
La resolución no es firme, ya que contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
En la vista del 13 de enero en el juzgado de Cartagena testificó el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, uno de los cuatro cargos nacionales a los que esos diputados retiraron en mayo de 2020 los poderes para poder controlar las cuentas y contratar a los trabajadores del grupo parlamentario. Tres de estos fueron despedidos por los demandantes sin conocimiento de la dirección estatal, a la que se mantuvo fiel un cuarto diputado, Pascual Salvador.
El fiscalía reclamó la nulidad de la expulsión por una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2016, ya que el reglamento de la Cámara murciana no contempla que terceras personas externas al grupo puedan controlar las subvenciones que recibe ni contratar a personal para los parlamentarios, que no firmaron el reglamento interno de Vox, que explicita el apoderamiento.
Al estimar parcialmente la demanda de Juan José Liarte, portavoz del grupo de expulsados; María Isabel Campuzano, actual consejera de Educación y Cultura, y Francisco Carrera, secretario primero de la Mesa de la Asamblea, se obliga a Vox a "reintegrarlos en su condición de afiliados del partido con todos los cargos y derechos que tenían antes de la resolución de expulsión".
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