MURCIA. En torno a una docena de funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura han quedado imputados tras prestar declaración este jueves ante agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica) que investigan contrataciones irregulares en el organismo regulador de la cuenca.
El origen de las investigaciones está en denuncias realizadas por funcionarios y antiguos trabajadores de la CHS sobre contrataciones que podrían ser fraudulentas a una empresa propiedad de un anterior empleado de la Confederación. Se trataría de compras y encargo de obras a esta empresa entre 2003 y 2018. Ante el hecho de que parte de las actividades fraudulentas podrían estar prescritas, los agentes se han centrado en operaciones que tuvieron lugar entre 2014 y 2018, con Miguel Ángel Ródenas de presidente. También se investiga al ex secretario general José María Bernabé.
Esta toma de declaración es posterior al registro realizado por agentes de la Policía Nacional en noviembre de 2018 a la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura. Hace casi dos años, los agentes solicitaron documentación de los últimos cuatro años.
Este registro fue ordenado por el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, quien trata de establecer si un alto funcionario del organismo de cuenca pudo haber cometido actos ilícitos en la gestión de algunos expedientes.
Los imputados están acusados de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios.
Según las fuentes consultadas por Murcia Plaza, el juez Fernández Ayuso ha puesto en libertad con cargos a la mayoría de los interrogados, que se mantendrán como imputados.