MURCIA (EFE). El gasóleo, la reivindicación para reducir el IVA, el relevo generacional y el acuerdo con Marruecos destacan entre los desafíos de 2023 para el sector pesquero español, dentro de un calendario cargado de fechas y de reformas legislativas importantes.
La flota ha empezado el año viendo las consecuencias de las medidas del Gobierno para paliar la guerra en Ucrania, entre ellas las ayudas al sector tras el fin del descuento de 20 céntimos/litro en el gasóleo y las bajadas del IVA que no beneficiaron a los productos del mar.
Pero 2023 también será el año de la renovación del acuerdo con Marruecos, de la nueva Ley española de Pesca Sostenible o de regulaciones de la Unión Europea (UE) que auguran más restricciones medioambientales.
El precio del gasóleo se ha disparado en la última semana, la primera completa sin el descuento de 20 céntimos por litro.
Pero el Gobierno ha mantenido el apoyo a la flota para paliar el coste del combustible mediante unas ayudas específicas que los armadores y las cofradías agradecen, pero reconocen que era más eficaz el descuento en el surtidor de los puertos.
El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, ha explicado a Efe que para la recepción de las ayudas habrá un procedimiento más lento, con la presentación de solicitudes entre febrero y marzo y, para quienes cumplan los requisitos, la recepción será en "junio, julio o agosto".
Las patronales y asociaciones de pescadores, fabricantes, comercio y acuicultores han empezado 2023 dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que baje el IVA del pescado del 10 % reducido al 4 % "superreducido".
Los pescadores esperan que este mes el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en inglés) publique un dictamen sobre las polémicas vedas a la pesca de fondo impuestas por la Comisión Europea (CE) en 87 zonas del Atlántico nororiental.
Tras el informe científico comenzarán las consultas; en marzo o abril se pronunciará el Comité Científico y Económico de la Pesca comunitario (STECF, en inglés) y después la CE hará una nueva propuesta.
Las vedas van a durar por lo menos el primer semestre y además, la flota teme que los informes científicos aportados por España sean interpretados por Bruselas de forma que "no solo alivie sino que perjudique", según Garat.
La nueva Ley de Pesca Sostenible, que debe examinar el Senado, introduce cambios al reparto de las cuotas y de la reserva de posibilidades pesqueras en manos de la Administración, que el Congreso suavizó.
El acuerdo entre la UE y Marruecos, que ofrece licencias para 128 barcos (92 españoles), expira este verano y las negociaciones para renovarlo estarán condicionadas por una sentencia que debe pronunciar del Tribunal de Justicia de la UE.
Los jueces comunitarios dictaminarán de nuevo sobre el acuerdo y sobre el recurso presentado por la parte europea contra la sentencia 2021 del Tribunal General de la UE, favorable al Frente Polisario y contraria a los acuerdos de asociación y pesca con el país magrebí, por explotar recursos del Sáhara Occidental.
Por otra parte, la UE negocia la revisión del reglamento de control pesquero en el que los asuntos más sensibles son la instalación de cámaras dentro de los buques y las obligaciones de geo-localización.
Además, la CE debe presentar su propuesta para reformar la Política Pesquera Comunitaria (PPC), aunque el Ejecutivo comunitario no es partidario de grandes cambios, solo de retoques y además, su mandato actual acaba en 2024.