MURCIA (EP). El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha confirmado que el Gobierno está estudiando la fórmula para aplicar la Ley de Vivienda, que incluye mecanismos para regular el precio del alquiler, en aquellas comunidades autónomas que se niegan a usarla.
Es la respuesta que el secretario ha dado a una pregunta del PP durante su comparecencia en el Congreso para contestar a diferentes cuestiones de los grupos parlamentarios en materia de vivienda.
"El Gobierno no está considerando reformar la Ley de vivienda", ha aseverado Lucas, para decir a continuación que lo que está intentando el Gobierno es "reforzar" la norma y "ver diferentes fórmulas para que aquellas comunidades autónomas que no quieren aplicar la Ley de Vivienda en el control de rentas de precios de alquiler, lo puedan hacer".
La pregunta sobre la Ley de Vivienda la ha formulado el diputado por Baleares del PP, Joan Mesquida, quien ha denunciado los supuestos efectos nocivos de la norma, pues dice que los precios de alquiler han subido un 14,5% desde su entrada en vigor y la oferta de alquiler ha caído un 30%.
En el turno de réplica, el secretario de Estado ha recordado que la aplicación de la ley depende de las autonomías y ha comentado que le parece "sorprendente" que los territorios, sobre todo los gobernados por PP o Vox, se pongan "de perfil" y no quieran "estar a favor de sus ciudadanos" y sí con "otros poderes" que lo que pretenden es especular con los precios del alquiler.
Otro de los asuntos que el PP ha puesto sobre la mesa con el secretario de Estado ha sido la ocupación ilegal de inmuebles. El diputado por Cuenca del PP, Daniel Pérez Osma, ha alertado sobre el incremento de la ocupación ilegal en España, un problema que adolecen "cada vez más" los españoles y que, según sus cálculos, ha subido en torno a un 40% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. "En el 2022 se ocuparon 46 inmuebles al día", ha denunciado.
Pero el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha asegurado que lejos de haber aumentado la ocupación ilegal, que se puede producir vía allanamiento de morada o vía usurpación de inmuebles, ha disminuido a lo largo de los últimos años. En 2023, ha dicho el secretario, estos delitos bajaron cerca de un 9% en el conjunto del país con respecto al año anterior.